os campos de acción van quedando delimitados: los opositores a las reformas electorales secundarias, que el obradorismo hubo de impulsar al no prosperar su original intención de reformas constitucionales de mayor calado, tratarán de echarlas abajo (en el entendido de que el Senado habrá de aprobarlas el mes próximo) por una doble vía: la judicial, mediante recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (a ser presentados por el Instituto Nacional Electoral y por los partidos de Va por México), y la político-mediática, con una profusión de comentarios de la prensa convencional contra el llamado plan B y una convocatoria a llenar el Zócalo capitalino el 26 de febrero como demostración de fuerza.

Veinte días después de esta segunda edición de la defensa masiva del esquema actual del Instituto Nacional Electoral (en 2022, el INE no se toca; ahora, mi voto no se toca) se realizará en la misma Plaza de la Constitución otra concentración ciudadana, a propósito de la Expropiación Petrolera de 1938, pero con dedicatoria política e ideológica a la derecha, que durante el cardenismo se opuso a medidas de beneficio popular y que se organizaron, en reacción, en el Partido Acción Nacional.

La batalla por el Zócalo en este 2023 es una porción escénica de la guerra por el poder en 2024. A partir del salinismo se instaló en México una estructura de control de los procesos electorales que benefició a grupos y corrientes siempre funcionales para los intereses políticos y económicos dominantes.

Con el apoyo de los partidos y los dirigentes partidistas tradicionales, y de complacientes medios de comunicación, se mantuvo un esquema de validación de maniobras de adulteración electoral y de fraudes mayúsculos, con el argumento de que los ciudadanos por sí mismos eran los conductores y el aval de los resultados de procesos en los que, en realidad, sólo participaban en tramos finales o complementarios.

Ese aparato de organización electoral tuvo como presunto vigilante y corrector institucional a un tribunal comicial de peores credenciales que el instituto. Otros destructores de las esperanzas de una vida democrática real han sido, en su mayoría, los partidos políticos, voraces consumidores de recursos públicos, captores de las postulaciones a cargos de representación popular y garantes de continuidad de camarillas y especímenes políticos dañinos.

Suele argumentarse que anteriores reformas electorales se produjeron en un clima de entendimiento de los actores políticos, sin reparar en que justamente esos entendimientos (reparto de cuotas, en muchos casos) constituían un obstáculo irremontable, que no permitiría avances reales hacia una democratización.

Con pretensiones de una transformación nacional plena (la llamada 4T), el obradorismo no ha podido avanzar en las reformas judicial, fiscal, educativa, de salud, de medios de comunicación y electoral. En este último punto se ha desatado una reacción que acusa al gobierno obradorista de pretender reformas secundarias a contrapelo de la Constitución, para garantizarse a cualquier costo el triunfo electoral federal en 2024. Aun cuando la oposición al obradorismo no ha podido vertebrarse de manera electoralmente atractiva, sí ha logrado imprimir un relativo desgaste a un poder presidencial inusitadamente alto en valoración popular, que pareciera encaminarse a un 2024 de perspectivas electorales positivas.

En la Corte, con la presidencia de Norma Piña, hay una correlación de fuerzas que no favorece al obradorismo; la precandidatura morenista más promovida, la de Claudia Sheinbaum, ha sido torpedeada; los medios convencionales de comunicación mantienen una crítica concertada contra López Obrador y la clase política morenista parece desbordada por la ambición y el grupismo. En ese contexto se da la batalla por lo electoral, la batalla por el poder. ¡Hasta mañana!

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