n julio de 2017, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perpetró cínicamente un fraude en el estado de México en la larga historia de fraudes electorales, pero con el agravante que lo hizo a la vista de todos: de los partidos políticos, del fiscal electoral y de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), del local de esa entidad y del Tribunal Electoral, quienes pasaron por alto las irregularidades y se apresuraron a declarar válidas las elecciones.

El enemigo a vencer para el PRI fue el joven partido Morena, que amenazaba desde aquel entonces con ganar la Presidencia de la República, lo que lograría en las elecciones del año siguiente.

En 2017, en el estado de México, según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), se abrieron 235 carpetas de investigación y se giraron 192 órdenes de aprehensión. Las más graves violaciones se dieron a la luz del día: compra masiva del voto (se calcula que un millón y medio recibieron un regalo del PRI), la coacción: condicionamiento del acceso a los programas sociales, violación a los modelos de comunicación política, propaganda de desprestigio y calumnia; exceso en el tope de gastos de campaña, apropiación y uso de los programas sociales por parte de funcionarios federales, estatales y municipales; actos anticipados de campaña, violencia e intimidación contra los cuadros de los opositores, así como el uso de recursos de procedencia ilícita. Todo esto hizo imposible la equidad en la contienda.

En 2023 hay voluntad política de todas las autoridades para que se lleve a cabo un proceso electoral limpio y democrático. El PRI y otros partidos –asociados históricamente con los fraudes electorales– no tendrán las prerrogativas que gozó el partido otrora invencible. Como se ha demostrado en 2021 y en 2022, los procesos electorales han cambiado. El estado de México ya no es la entidad acostumbrada a los fraudes y el país no es lo que solía ser dominado por la figura del Presidente de la República. El Presidente tiene que legitimarse no metiendo las manos en los procesos. Es cierto que la tentación por caer en esas prácticas será muy grande, pero también lo es que vivimos en una etapa nueva y que nada desprestigiaría al gobierno más que incurrir en prácticas del pasado.