Entre los casi 100 nombramientos que tiene pendientes el Senado, uno de los más antiguos es el que se refiere a la integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República (FGR), que debió instalarse desde finales de 2019, pero no ha sido posible debido a la falta de interés de personalidades del ámbito jurídico para participar en ese órgano.

Desde la primera Ley Orgánica de la FGR, aprobada en diciembre de 2018 se acordó la creación de un consejo ciudadano, integrado por cinco profesionales, de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.

De acuerdo con esa ley, se trata de un órgano especializado de consulta, de carácter honorario, encargado de opinar, dar seguimiento, emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia que presente el titular de la FGR al inicio de su mandato, opinar sobre las nuevas estructuras, plazas, sobre el presupuesto, además de hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía cuando advierta una probable responsabilidad administrativa.

Consejo Ciudadano de la FGR

El Senado deberá nombrar a los cinco integrantes de ese consejo ciudadano, a partir de una convocatoria pública, con un plazo de 15 días para recibir propuestas, de la que se elegirá a los mejores perfiles. La lista con los cinco nombres deberán después ser dada a conocer públicamente, a fin de que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente objeciones, que serán tomadas en cuenta.

Una vez concluido el proceso, el Senado hará públicos los nombres de los cinco consejeros ciudadanos electos. El problema, comentó, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, integrante de la comisión de selección, fue el poco interés de personalidades en asumir esa responsabilidad, quizá porque es un cargo honorario, que implica muchas horas de trabajo y sus resoluciones no son vinculantes.

El Senado emitió la primera convocatoria en noviembre de 2019 y sólo se presentaron cuatro personas, en febrero de 2020, hubo una segunda convocatoria y de nuevo sólo cuatro ciudadanos se inscribieron. Ante ello, el Senado decidió cerrar el proceso.

Hubo una tercera convocatoria en septiembre de 2020, que quedó en suspenso, ya que se presentó la iniciativa para emitir la nueva Ley de la FGR, en sustitución de la Ley Orgánica de 2018, en la que se pretendía suprimir el consejo ciudadano. Al final, éste se mantuvo y aparece en la legislación promulgada en mayo de 2021.

La integración de ese consejo ciudadano figura en la agenda de nombramientos pendientes del Senado.