Una de las iniciativas pendientes que Morena se propone impulsar en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en febrero, es la reforma constitucional propuesta por la senadora Olga Sánchez Cordero, encaminada a fortalecer la autonomía y el patrimonio propio de las fiscalías estatales, a fin de impedir la injerencia de los gobernadores en el Ministerio Público local.

La reforma a los artículos 116 y 122 en materia de procuración de justicia en las entidades, establece que los fiscales sólo pueden ser removidos por el Ejecutivo estatal por causas graves y puede ser objetada por la legislatura local, con la finalidad de equilibrar y preservar el orden constitucional en los estados de la República.

Sánchez Cordero resaltó en la exposición de motivos que se propone un esquema de controles recíprocos que haga posible el equilibrio y la colaboración entre poderes. Se establece, en ese sentido, que el ingreso, la formación y la permanencia de los servidores públicos de las fiscalías deberá desarrollarse en las leyes ordinarias, poniendo especial énfasis en la capacitación y formación.

La intención, agregó, es que la función de procuración de justicia se sustente en los principios de profesionalismo, responsabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La reforma plantea cambios en el nombramiento de los titulares de las fiscalías locales, a fin de que sean elegidas en procedimientos de colaboración entre las legislaturas de los congresos de las entidades y los poderes ejecutivos locales. Se propone una duración en el encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidades de relección por una sola ocasión, para un periodo igual, a consideración del Congreso local.

Eleva a rango constitucional la exigencia de formación, capacitación y actualización de los servidores públicos que integran las fiscalías estatales, para lo que se establecerán servicios profesionales e integrales de carrera, en materia de procuración de justicia.

Se destaca que las fiscalías estatales deben tener autonomía, como la que se dio a la Fiscalía General de la República en la reforma constitucional de 2014. Se argumentó entonces la necesidad de que en la naturaleza del Ministerio Público Federal correspondiera a la de un órgano constitucional autónomo, debido a la subsistencia de dependencia política y operativa del procurador respecto del Ejecutivo federal.