El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito desechó el recurso de queja que promovió el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, para ampliar su demanda en el juicio de amparo contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionadas con el caso Iguala. Por ello continúa vigente la orden de captura.

Los magistrados del colegiado rechazaron dar entrada al recurso porque el ex funcionario lo presentó de manera extemporánea. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito acusa recibo del oficio por el que se remitió copia certificada del juicio de amparo. Asimismo, informa que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto recurrido de 17 de agosto de 2022.

Tomás Zerón impugnó el fallo del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, y expresó agravios contra dicho acuerdo de agosto pasado que se dictó en audiencia dentro del juicio de amparo indirecto 968/2021, en el cual la titular de ese juzgado le negó el recurso y desechó de plano la ampliación de demanda por improcedente.

El colegiado argumentó que el momento para impugnar los acuerdos dictados en la audiencia es durante su celebración, ya que al emitirse el fallo surge un acto jurídico diverso; es decir, la sentencia, que ya no es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de queja, de ahí el motivo de su improcedencia.

En noviembre del año pasado, el juzgado octavo de distrito en materia de amparo negó la protección de la justicia federal a Zerón de Lucio por lo que se refiere a la orden de aprehensión que existe en su contra por su presunta responsabilidad en delitos de tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada, en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entre los casos de tortura que se imputan a Zerón de Lucio se encuentran el de Felipe Rodríguez Salgado y Ángel Casarrubias, dos integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes declararon haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes, pero que por haber sido sujetos a actos contrarios a los derechos humanos fueron dejados en libertad.