Serán las autoridades jurisdiccionales competentes las que deberán resolver si los cambios a los estatutos del PRI, que realizó el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas para prolongar su mandato son legales, porque en este momento la prioridad es concentrarse en materializar la coalición con el PAN y el PRD a fin de construir candidaturas comunes para ganar las gubernaturas en los estados de México y Coahuila, sostuvo la ex dirigente del tricolor, Dulce María Sauri Riancho.

Expuso que está en espera de la respuesta de la Comisión de Justicia Partidaria sobre la impugnación que presentó contra la decisión de Alito de ampliar su gestión hasta 2024, recurso que interpusieron también Pedro Joaquín Coldwell y los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong. Lo más seguro es que nos den palo, pero cuando lo hagan, vamos directo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá resolver si las reformas estatutarias son válidas o violaron los documentos básicos.

Procesos venideros son de gran trascendencia

En entrevista con La Jornada, Sauri Riancho, quién en el año 2000 como presidenta del PRI enfrentó que el hasta entonces partido hegemónico perdiera la Presidencia de la República, advierte que ahora, más de 20 años después, la situación es difícil y complicada.

Sin embargo, recalcó que la discusión sobre la permanencia de la dirigencia nacional más allá del periodo para el que fue elegida tiene que encorchetarse para que el priísmo pueda concentrar toda su energía en el compromiso mayor, que son los dos procesos electorales del próximo año.

Sin embargo, aclaró que eso no significa tolerar que la vida interna del PRI sea capturada por intereses personales y se vulnere la institucionalidad del partido.

Con una amplia trayectoria política y legislativa, Sauri Riancho explicó que interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en contra de la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional de su partido, que se llevó a cabo el 19 de diciembre y en el que se hicieron cambios que permiten a Moreno Cárdenas y a su comité quedarse prácticamente hasta 2024, pese a que su periodo vence el 19 de agosto de este año.

De hecho, precisó que lo que se hizo fue anexar el artículo 83 fracción 37 de los estatutos, que se había reformado en julio de 2020, para facultar entonces al Consejo Político a proporcionar una prórroga al periodo estatutario de la dirigencia, en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los tres meses siguientes.

Se modificó nuevamente porque la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió el inicio de las elecciones de septiembre a noviembre y ante eso, Alito cambió el plazo de tres meses a cuatro y medio para que le dieran los tiempos.

Al igual que la reforma de 2020, en la que Moreno Cárdenas actuó con alevosía y aprovechó que la pandemia estaba en su apogeo, esta vez lo hizo en plena etapa navideña”.

El TEPJF, última opción

Sauri Riancho recalcó que a fines de año pudo finalmente averiguar que la Comisión de Justicia Partidaria la encabeza Samuel Palma y está conformada por siete integrantes, porque hasta entonces ni siquiera aparecía en la página de Internet del CEN, ni en ningún lado, como si fuera secreta o clandestina.

Expuso que ha estado muy pendiente, ya que si esa comisión falla en su contra acudirá al TEPJF. Precisó que si se demora demasiado la respuesta o intentan congelar la impugnación, también irá a ese tribunal. Es un litigio que está empezando y que para mí y en general para los priístas, es un territorio absolutamente novedoso, pero se seguirá porque Moreno Cárdenas y su comité deben dejar la dirigencia en agosto de este año.

No soy ingenua, sé que la dirigencia nacional actual tiene un control muy grande del aparato partidista, pero el relevo debe ser en los tiempos que marcan nuestros documentos básicos.