Lima. La fiscal de Perú, Patricia Benavides, ordenó ayer el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ex ministro del Interior César Cervantes, entre otros funcionarios, para esclarecer las muertes de 28 civiles en el contexto de las marchas de diciembre pasado en las que exigían elecciones anticipadas y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo, las cuales continuaron ayer.

La iniciativa responde a las denuncias penales presentadas el mes pasado por cuatro abogados del departamento sureño de Ayacucho, donde ocurrieron al menos 10 de las muertes, debido a disparos presuntamente provenientes de armas de efectivos del ejército y la policía.

En otras localidades del país se han registrado otras 18 defunciones también durante las protestas, que iniciaron el pasado 7 de diciembre tras la destitución y arresto de Castillo por su intento de disolver el Congreso para superar una moción de confianza.

Las pesquisas también se dirigen a actos de los altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la región de Ayacucho, general Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la segunda brigada de infantería militar de Ayacucho, general Jesús Vera Ipenza, entre otros, informó el diario La República.

La fiscalía tiene 60 días para recabar información pública y de los organismos estatales que permita esclarecer lo ocurrido durante la represión de las marchas en Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y otras regiones del país.

En tanto, la fiscalía solicitó prisión preventiva para la esposa de Castillo, Lilia Paredes, asilada en México desde el 21 de diciembre tras esta crisis política, además de sus hermanos Walter y David, mientras es investigada por un caso de corrupción.

El anuncio lo hizo el fiscal Jorge García Juárez al inicio de una audiencia en la que el juez Raúl Justiniano tenía previsto evaluar una solicitud de 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra Paredes.

Tras una tregua por fiestas de fin de año, las protestas se reactivaron el miércoles en al menos 27 de las 195 provincias del país, una menor proporción respecto de diciembre.

Las movilizaciones de ayer ocurrieron en las regiones sureñas de Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica, Apurímac, Moquegua, Tacna, Huánuco, el departamento central de Junín y la ciudad norteña Cajamarca. Son sectores donde Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene apoyo.

En Ica, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, principal vía a Tacna, fronteriza con Chile.

En Puno, los inconformes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, lo que derivó en enfrentamientos con la policía. En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios, ciudadanos mantienen bloqueado un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.

Boluarte, quien lleva un mes en la presidencia, anunció que convocará para el lunes al Acuerdo Nacional, al que asistirá el Consejo de Estado, conformado por los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los gobernadores regionales, para buscar una salida a la actual crisis social.

Lima cesa a su embajadora en La Paz

En tanto, el gobierno peruano cesó a su embajadora en La Paz, Carina Palacios, en medio de las controversias por supuestas injerencias desde Bolivia, entre ellas los recientes comentarios del ex presidente Evo Morales.

La Comisión Permanente del Congreso votará el próximo miércoles el informe final que recomienda acusar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.