Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entregó ayer a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, la solicitud para que los cuatro miembros de la Corte Suprema, entre ellos su titular, Horacio Rosatti, sean sometidos a juicio político por mal desempeño.

El mandatario consignó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó un comunicado de la presidencia.

El acto formal, en el que participó también Germán Rodríguez, presidente en la Cámara baja del bloque gobernante, Frente de Todos, se llevó a cabo en la residencia presidencial, que se encuentra en el municipio de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro con los dos diputados oficialistas, el mandatario les solicitó que inicien su pronto tratamiento legislativo.

El pedido, respaldado por 11 gobernadores de las 24 jurisdicciones que tiene el país, requiere el juicio político de Rosatti y de los otros tres integrantes del máximo tribunal del país: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En el documento de 36 páginas que será remitido al Congreso a través de los dos diputados, el jefe de Estado y los gobernadores solicitan que se investiguen sus actuaciones a raíz de una medida cautelar dictada el 21 de diciembre que amplía de 1.4 a 2.95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables.

Para el presidente y los gobernadores, el pedido se justifica ante la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquél.

La actual gestión reprochó que el fallo de la Corte implique transferir a la ciudad, el distrito más rico del país, más de 997 millones de dólares.

La presentación dedica varios párrafos al presidente de la Corte Suprema, cuestionado por vertir expresiones durante un encuentro de jueces federales que denotarían la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la nación.

En paralelo, el presidente y los gobernadores criticaron el proceder de los otros tres miembros de la Corte Suprema por declarar inconstitucional el 16 de diciembre de 2022 una ley que preveía reformar el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de evaluar, sancionar y remover jueces, y por instruir al Congreso a que dictara una nueva normativa en el plazo de 120 días.