La Cámara de Diputados volvió a incumplir mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le ordenó legislar en materias como objeción de conciencia, una nueva ley general de aguas y sobre el uso de la fuerza por militares en tareas de seguridad pública, aun cuando los plazos vencieron desde abril del año pasado.

Se trata de temas que la propia Cámara fijó como prioritarios a resolver desde febrero de 2022, pero que no logró por falta de acuerdo y confrontación política entre los grupos legislativos, y porque el esfuerzo de la bancada mayoritaria se concentró en la agenda electoral.

Uno de los puntos de más antigüedad es sobre un nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares, que está a revisión en comisiones para el que los ministros determinaron como límite el 30 de abril.

No obstante, la Junta de Coordinación Política decidió constituir un grupo de trabajo, que convocó a distintos foros, y en uno de éstos en junio pasado, el director jurídico de la Cámara, Luis Genaro Vázquez, informó que se había obtenido un amparo judicial, que permitía una prórroga hasta el 15 de diciembre pasado. Tampoco se cumplió.

Respecto de la reforma a la Ley sobre el Uso de la Fuerza, el 13 de diciembre las comisiones de Seguridad y Gobernación aprobaron el dictamen por unanimidad de 51 votos, para cumplir la sentencia de la Corte que, a partir de una controversia interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instruyó incluir los principios de racionalidad y oportunidad, así como eliminar el concepto de uso de fuerza epiletal, por el riesgo de permitir a policías usar armas de fuego y disparar, incluso para disolver manifestaciones.

El límite para legislar en esa materia era el 30 de abril. Aun cuando el dictamen se envió a la mesa directiva, para discutirlo en el pleno, la última sesión de la Cámara se concentró en la reforma electoral.

La Cámara también sigue dejando pendiente legislar para definir los alcances de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, y el debate se ha concentrado en procedimientos como la interrupción del embarazo, punto que ha confrontado a Morena con Acción Nacional. La bancada guinda ha advertido que la objeción de conciencia no puede aplicar si pone en riesgo los derechos humanos de las personas y que por ello el artículo 10 bis de la Ley General de Salud fue invalidado por la Corte.

También desde abril pasado venció el plazo definido por los ministros para que la Cámara aprobara una nueva Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, donde se incluyó desde 2012 el derecho humano al agua.

En marzo de 2015, la Cámara se preparó para votar un dictamen en el pleno, pero la entonces mayoría del PRI decidió retirarlo ante las acusaciones de la oposición de que el proyecto permitiría a la iniciativa privada prestar el servicio público de agua potable, facturar y cobrar al usuario final. La legislatura pasada intentó construir un nuevo dictamen, pero Morena desistió de la discusión.