En un año, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) detectó y denunció 937 nuevos casos de actos de tortura o malos tratos que se suman a los 7 mil 779 reportados de 2020 a 2021. Es decir, que a la fecha existe un total de 8 mil 716 reportes de este tipo perpetrados en Baja California, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua, por mencionar algunas entidades.

De las querellas presentadas, en 4 mil 972 casos se denunciaron actos de tortura o malos tratos cometidos al momento de la detención y traslado, y 134 realizados en centros penitenciarios. Esos casos involucran a 342 mujeres (6 por ciento) y a 5 mil 40 hombres (94 por ciento). Las acusaciones son principalmente contra policías estatales, federales, municipales y ministeriales.

De acuerdo con su más reciente informe, 2021-2022, entre septiembre de 2019 y mayo de este año el IFDP ha presentado 5 mil 106 denuncias al respecto ante las fiscalías competentes. Detalla que, del total, 965 se identificaron conforme al protocolo de actuación para defensores públicos ante las agencias del Ministerio Público de la Federación antes de la judicialización de los casos, mientras 4 mil 141 fueron identificados conforme a la circular 14/2019.

El informe apunta que de la totalidad de denuncias presentadas, en 373 casos ya existía una averiguación previa o carpeta de investigación, en 685 se inició la indagatoria a raíz de la denuncia y en 4 mil 48 no se tiene respuesta a la denuncia presentada. De los asuntos que ya contaban con investigación, en 90 casos se informó que las autoridades investigadoras determinaron el no ejercicio de la acción penal (NEAP).

Indica que con base en el interés legítimo de la defensoría pública federal –a través de su Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT)– se promovieron 36 demandas de amparo indirecto en favor de 67 personas, que buscan impulsar las investigaciones penales del delito de tortura. Suman ya 231 juicios de amparo indirecto.

En 14 casos se reclamaron omisiones en la labor investigadora y supervisora de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y en 22 asuntos las autoridades responsables fueron las fiscalías especializadas de los estados de Campeche, Chiapas y Zacatecas por omisiones en la investigación, así como en la supervisión en el cumplimiento de este deber.

El IFDP destaca la sentencia favorable obtenida en el amparo en revisión 165/2021 del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el cual determinó que el agente ministerial debía reconocer al titular de la STCT el cargo que ostenta, así como revertir la ausencia de debida diligencia en la investigación a su cargo.