La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó entre sus primeros asuntos por resolver en enero próximo un proyecto que plantea otorgar un amparo a Peter Bauer Mengelberg López, cuñado de José Luis Vargas Valdez, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de delito equiparable a defraudación fiscal. La propuesta de sentencia señala que fue ilegal que el Ministerio Público tuviera acceso a su información financiera sin contar con una orden judicial.

Bauer es socio de Consorcio de Litigio Estratégico, la cual, según la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), habría obtenido contratos irregulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Como parte de la investigación, la PGR pidió información a la Secretaría de Hacienda, la cual le entregó un reporte del Servicio de Administración Tributaria, que señala que en el ejercicio fiscal de 2012, Bauer omitió declarar la totalidad del impuesto sobre la renta que le correspondía. También se pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2012 y 2019.

El año pasado, cuando Vargas Valdez fue removido de la presidencia del TEPJF, circularon versiones de que su esposa, Mónica Bauer Mengelberg López, y su cuñado habrían lavado dinero con la compra de diversos inmuebles; sin embargo, esta presunta investigación no ha sido judicializada.

En el delito de defraudación fiscal, Peter Bauer obtuvo de la jueza de control un auto de no vinculación a proceso, pues consideró que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes, pero dejó al Ministerio Público continuar con la investigación.

Inconforme, la defensa de Bauer solicitó un amparo para que todo el juicio sea declarado inválido, argumentando que la información sobre sus finanzas fue obtenida sin contar con orden judicial. Por ello, impugnó el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a las autoridades federales tener acceso directo a estos datos.

El asunto llegó a la SCJN y fue asignado a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó un proyecto señalando que el acceso a esta información debe ser autorizada por un juez; de lo contrario, se violan derechos humanos.