La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha abierto 54 carpetas de investigación por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va del año.

Datos de la dependencia refieren que hasta el momento se han asegurado 500 inmuebles por la comisión de ese delito, de los cuales 111 han sido restituidos; otros 12 inmuebles que fueron objeto de despojo por grupos delincuenciales han sido recuperados, sólo en el Centro Histórico.

La fiscal, Ernestina Godoy, explicó que el delito de despojo es preocupación y ocupación, pues se heredó una gran cantidad de carpetas de investigación que no estaban siendo bien atendidas en la pasada administración.

Tenemos que recuperar rápidamente el inmueble más allá de la investigación, que puede llegar a judicializarse, explicó Godoy durante una reunión con diputados del Congreso local.

De acuerdo con el Código Penal local, el delito de despojo se comete por quien, de voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o dé un derecho real que no le pertenezca.

También entrará en esta figura delictiva aquel que ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en posesión de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa, estipula el artículo 237.

Por este delito se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, entre 9 mil 622 y 48 mil 110 pesos.

No obstante, si el despojo se realiza por grupos de tres o más personas, o en contra de una persona mayor de 60 años o con discapacidad, la pena se incrementará de seis a 10 años de prisión, y de 500 a 2 mil UMA, o sea, hasta 192 mil 440 pesos.

También se prevén sanciones en caso de despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de México, a quienes se les impondrán hasta nueve años de prisión y hasta 5 mil unidades de medida y actualización, equivalentes a unos 481 mil 100 pesos.