El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una síntesis de los procesos legales que pesan sobre Genaro García Luna y seis de sus colaboradores entre 2001 y 2012. Conocidos como Los Siete Jinetes del Apocalipsis, enfrentan imputaciones de enriquecimiento ilícito, recibir sobornos del crimen organizado, uso indebido de funciones y tortura, así como por su participación en la ilegal introducción de armas a México en el operativo Rápido y furioso.

Durante la conferencia presidencial, destacó que este jueves se realizó en Nueva York un audiencia para el juicio contra García Luna que empezará el 9 de enero, en el cual enfrenta cargos de conspiración criminal y sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa. Mediante un diagrama con las fotografías de los entonces funcionarios, ahora indiciados por diversos delitos durante su gestión, evidenció las secuelas legales de su desempeño.

Difundió la foto del organigrama directivo de la Agencia Federal de Investigación, adscrita a la entonces PGR, con algunos que provenían del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Después, en 2006 llegan a la Secretaría de Seguridad Pública federal, con Genaro García Luna a la cabeza. Entre ellos están Luis Eduardo N; Facundo N; Édgar Eusebio N, asesinado hace algunos años; Armando ”N” y Francisco N, como coordinador de seguridad regional y después estuvo en diferentes funciones. Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales de ser parte de una red a la que se entregaban sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.

Ellos fueron los principales mandos en la época de García Luna que tienen que ver con procesos penales o carpetas de investigación.

Luis Eduardo N fue imputado en Rápido y furioso; está vinculado a proceso por tortura en un penal de máxima seguridad. A él se le atribuía ser el número dos en la estructura de García Luna. Prácticamente estuvo en todas las áreas: fue titular de la división de seguridad regional, que era la que tenía el control de las coordinaciones estatales, de las áreas de aeropuertos y de fronteras. Facundo N, también implicado en Rápido y furioso, fue detenido y tiene diversas imputaciones. Ramón Eduardo, acusado de tortura, es señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan en el extranjero.