A cinco meses de que concluya el plazo para que los sindicatos cumplan con el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo en México, el sindicato metalúrgico internacional United Steelworkers estima que entre 80 y 85 por ciento no cumplirá este requisito.

Durante un foro sobre el Mecanismo de Respuesta Rápida, establecido en el apartado laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Benjamin Davis, director de asuntos internacionales de dicho sindicato estadunidense-canadiense, explicó que al concluir miles de contratos existe el riesgo de que nos vamos a quedar con un mercado laboral más parecido al de Estados Unidos, en especial del sur de ese país que está libre de sindicatos.

De llegar a ese escenario, subrayó que “no es el resultado que esperamos, pero existe esa posibilidad y hay elementos importantes del sector empresarial que están luchando por eso; no hay duda, hay quienes ven la posibilidad de eliminar la negociación colectiva de la industria manufacturera.

Los sindicatos tienen como plazo el 1º de mayo de 2023 para realizar el procedimiento de legitimación, parte de los requisitos establecidos en la reforma laboral de 2019. Las agrupaciones que no cumplan con este paso desaparecerán.

Ayer, al participar en el Encuentro trinacional de abogados y expertos sobre el Mecanismo Respuesta Rápida, organizado por el Centro de Apoyo para la Libertad Sindical, Jesús Contreras Martínez, director de normatividad y asistencia, de la unidad de enlace para la reforma laboral de la Secretaría del Trabajo, apuntó que aún no se alcanzan 9 mil contratos legitimados, aunque ponderó que más de 2 millones de trabajadores han participado en procesos de legitimación.

Desde principios de este año, la dependencia estimó que unos 15 mil contratos serán legitimados, de un universo de poco más de medio millón que hay en el país.

En tanto, los agregados laborales de las embajadas en México de Estados Unidos y de Canadá coincidieron que el Mecanismo Respuesta Rápida, que es una vía establecida en el T-MEC para dirimir quejas por irregularidades relacionadas con los derechos sindicales y laborales, ha permitido que los trabajadores involucrados en los procesos abiertos en territorio mexicano hayan logrado mejores contratos colectivos y aumentos salariales.