ómo entender el empeño de un puñado de legisladores estadunidenses en su terca misión de llevar a juicio a Donald Trump y su banda de delincuentes, a contracorriente del laberíntico sistema legal de Estados Unidos y las mil y una tretas interpuestas para evitar que haya justicia. La respuesta más sencilla: es su obligación en consonancia con el juramento que hicieron de respetar y hacer respetar la Constitución. Nada más, nada menos. Para esos legisladores y los funcionarios del Departamento de Justicia que han tomado la estafeta de documentar y presentar los elementos necesarios para juzgar al señor Trump, y también a los delincuentes que intentaron un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, las trampas, los recursos jurídicos y las amenazas no han sido un impedimento para proseguir con su trabajo. Pero, además, un elemento importante a considerar en el cumplimiento de esa obligación han sido las supuestas cuestiones políticas sobre la conveniencia de hacerlo. No son pocos los que han pensado que es políticamente arriesgado continuar en la empresa de cumplir la ley llevando a juicio a Trump y sus adláteres. Cabe imaginar las consecuencias éticas e incluso morales de sacrificar la ley y la letra constitucional en aras de una efímera –como es la política en estos tiempos– ventaja de ignorar el deber. Los mismos que hoy gritan cacería de brujas son los que en un futuro no lejano los acusarían de irresponsables por no haber cumplido con su deber, anteponiendo la conveniencia política. Hay claras evidencias de que quienes han estado del lado de Trump y solapado sus trapacerías, están dispuestos a usar todos los recursos para atacar e incluso castigar a los osados legisladores que se atrevieron a juzgar a su mentor.

A quienes les parece quijotesca la actitud de aquellos que cumplen con su deber, vale recordarles que no tiene nada de quijotesca una forma de actuar que debiera ser aplaudida en un ambiente cada vez más enrarecido en el que la normalidad se ha convertido en una aventura impredecible.

En ese contexto vale meditar sobre lo que los legisladores republicanos han prometido a partir de enero, cuando como resultado de la elección reciente serán mayoría en la Cámara de Representantes. No resulta extraño que en este enrarecido ambiente se escuchen promesas de venganza en contra de quienes cumplieron con su deber. Ya han anunciado no sólo echar para atrás la investigación en contra de Trump y quienes asaltaron el Capitolio, sino iniciar un juicio a los legisladores que han participado en la investigación de esos hechos. Por insólito que parezca, sus ansias de venganza van más allá de los más elementales cánones legales y constitucionales, por no decir de la decencia. Acusar al comité legislativo bipartidista de organizar una cacería de brujas para investigar los eventos que un grupo de cavernarios impulsados por Trump intentaron un golpe de Estado y, literalmente, descabezar a quienes certificaban los resultados de la pasada elección presidencial, es por decir lo menos, un acto de esquizofrenia política que rebela cómo están las cosas en un país que observa impávido cómo su otrora orgullosa democracia se escurre de entre los dedos. Sobra explicar la diferencia entre la investigación de una comisión bipartidista integrada por legisladores de ambos partidos en la que abundaron todo tipo de pruebas recabadas pacientemente durante más de un año, con esta farsa que de botepronto pretenden iniciar quienes a partir de enero integren una nimia mayoría en la Cámara de Representantes. Es lo que ha prometido el inefable futuro líder de esa mayoría, Kevin McCarty, que por lo visto pretende emular el lamentable papel que otro McCarty jugó en los años cincuenta.

Si esa promete ser la normalidad que a partir de enero impulsará esta recién electa mayoría republicana, entonces vale empezar a redactar un réquiem por la que en 1831 Tocqueville declaró su admiración como una democracia que debía ser ejemplo para el mundo.