Buenos Aires., En vísperas de que se conozca este martes la sentencia en la llamada causa de Vialidad, en la cual se acusa de corrupción sin haber presentado pruebas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en la que la fiscalía pidió 12 años de prisión y su inhabilitación de por vida, hay convocatorias urgentes desde las bases políticas del Frente de Todos y de organizaciones sociales, incluso no afines al gobierno, para mantener un estado de alerta y movilización ante lo que señalan de muerte de la democracia y la instalación de una dictadura judicial.

Son horas decisivas en relación a lo que se consideraría un crimen político, después del intento de asesinato que sufrió Fernández de Kirchner el pasado 1º de septiembre, y desde varios movimientos llaman a una vigilia alrededor de los tribunales, mientras se menciona el intento de producir un golpe blando aunque no exento de extrema violencia opositora.

Resultan cada vez más potentes las convocatorias para respaldar a la presidenta, como ya se había hecho, cuando fue citada por primera vez por el fallecido juez Claudio Bonadío, amigo cercano de su par Sergio Moro, de Brasil (quien procesó a Luiz Inácio Lula da Silva), en el gobierno derechista de Mauricio Macri.

Durante sus alegatos de defensa, Fernández de Kirchner enumeró las mentiras que existen en la acusación punto por punto y en su última presentación demostró la escandalosa presión de los medios.

Mostró la fotocopia de la portada de Clarín donde a los pocos días del intento de asesinato el titular era La bala no salió, pero la sentencia si va a salir, interpretado como un mandato, y la propia vicepresidenta denunció desde un principio que la sentencia ya estaba escrita desde hace tiempo. Con este juicio se reabrió una causa que fue cerrada por la absoluta falta de pruebas, y se montó en forma irregular y anticonstitucional esta sentencia de dos jueces amigos cercanos al ex presidente Macri.

Cada vez se hace más fuerte la presión de las bases para salir a la calle y defender a Cristina y denunciar públicamente la complicidad de los jueces, buena parte nombrados o trasladados de sus cargos, que conformaron el partido judicial, en reuniones en la residencia presidencial para reunirse con Macri, cuando era presidente, y lo siguen haciendo ahora.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández compartió la denuncia de Fernández de Kirchner enumerando las 20 mentiras de esta causa de Vialidad, y dijo que comparte los argumentos de la vicepresidenta sobre el proceso: cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana.

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, advirtió que el veredicto que se dará a conocer tiene objetivos electorales, al intentar impedir a Cristina Fernández de Kirchner participar en las elecciones de 2023, siendo ella la dirigente de mayor volumen político de Argentina.

Añadió que la persecución sobre Cristina no es algo que tenga que ver con delitos del Código Penal, sino que tiene que ver con el Código Electoral, alertado sobre lo que puede pasar en esta semana que comienza y la gravedad de la situación.

En realidad el fallo condenatorio no tendrá carácter definitivo, ya que habrá más instancias judiciales, comienzan las apelaciones y otros derechos jurídicos, por lo tanto no van a ser detenidos ni la vicepresidenta ni los ex funcionarios. Pero la condena de por sí es inaceptable por la falta de pruebas e incluso se denunciará a otros niveles internacionales.

Hay enorme inquietud entre los sindicatos. Y gremios que se preparan para defender a la vicepresidenta y advierten que si tocan a Cristina paramos el Estado, y se declaran en alerta, en defensa de la democracia, los derechos conquistados y contra el partido judicial que quiere condenar a nuestra vicepresidenta.

El juego de los jueces

Un grupo de jueces, del llamado Grupo Telegram, creado el pasado 17 de octubre, fueron invitados por los directivos del grupo Clarín a una reunión en la mansión del británico Joe Lewis, amigo íntimo de Macri que estaba por allí en esos momentos. De acuerdo con investigaciones del periódico digital Tiempo Argentino el grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto el capo del grupo Clarín.

Está integrado por el gerente del Grupo Clarín Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Coco Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la que fue Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Tomás Reinke y Leo Bergot, también hombre de la ex Side, cuyo nombre verdadero es Leonardo Bergroth.

Todos formaron parte de un viaje en un avión privado hacia Bariloche, en el sur, lo que fue denunciado por dirigentes del Frente de Todos de Bariloche, informó ese medio. Por estas horas circulan los mensajes de chats en los cuales se advierte que hasta reservaron hoteles donde no se iban a hospedar para viajar clandestinamente y reunirse en la mansión del británico Lewis. Un nuevo escándalo protagonizado por jueces y empresarios de medios como el Grupo Clarín.