l presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer su compromiso de alcanzar una cobertura de salud universal y de calidad, objetivo que, dijo, se ha visto obstaculizado por las dificultades para contratar al personal médico. Tras achacar esta complicación tanto al abandono de las labores formativas en los sexenios pasados como a la reticencia de los galenos a cubrir las plazas vacantes, el mandatario aseguró que con tal de garantizar atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana, se analizan opciones como traer a médicos de otros países y ofrecer aumentos de sueldo a los nacionales para que se animen.

Es objeto de debate si, en términos meramente numéricos, México cuenta o no con la cantidad suficiente de profesionales sanitarios para atender a la población. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestros 241 médicos por cada 100 mil habitantes se encuentran ligeramente por encima del piso mínimo de 230 por cada 100 mil, mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos ubica en un marcado déficit respecto a su tasa recomendada de 320 por cada 100 mil.

Sin embargo, tales cifras ocultan dramáticas e incluso trágicas diferencias regionales: de acuerdo con la Secretaría de Salud, 40 por ciento de los 135 mil especialistas certificados se concentran en el estado de México y la capital del país, en contraste con la mayor parte del territorio: a mediados de este año, no había un solo pediatra para atender a los 2.4 millones de niños de las zonas de la Huasteca, la Montaña y la región Papaloapan-Olmeca de Veracruz, escenario que se repite en el estado de Guerrero. Estas diferencias prevalecen pese al esfuerzo de la actual administración federal para subsanar los rezagos. Por ejemplo, 47 por ciento de las postulaciones a la convocatoria lanzada en mayo pasado se concentraron en cuatro entidades (Ciudad de México, Jalisco, Puebla y estado de México), pero ni un solo médico levantó la mano para ocupar uno de los 9 mil 725 puestos en 3 mil 339 municipios con menos de 200 mil habitantes, zonas rurales y comunidades indígenas.

Los datos presentados encierran una moraleja evidente: ninguna inversión (por importante que sea) en formar médicos generales, especialistas, técnicos y personal de enfermería se traducirá en un alivio para el sistema de salud en tanto persista el desdén de estos profesionistas por acudir a las regiones donde su presencia es más urgente. Los médicos y sus organismos gremiales aducen la crisis de inseguridad que azota a buena parte del país como la razón por la cual se niegan a trabajar fuera de las grandes metrópolis, pero está claro que dicho factor no agota la explicación de un problema estructural. Así lo demuestra el hecho de que el sistema de salud pública del Reino Unido enfrenta una deserción catastrófica de dentistas por una sola razón: éstos migran al sector privado a fin de incrementar sus ingresos.

A lo que se ve, estamos ante un allanamiento de las lógicas mercantilistas en la profesión médica: la elección de la carrera misma, de la especialidad que se sigue y del lugar de trabajo suele estar determinada de manera predominante, si no única, por consideraciones pecuniarias. Este problema hunde sus raíces en la enseñanza, con los centros educativos como primeros representantes de un viraje ético que promueve el beneficio personal sobre cualquier aspecto; la búsqueda no de dónde servir, sino dónde prosperar.

Revertir esta perversión de la medicina es una tarea de largo plazo que requiere, es cierto, de brindar condiciones dignas para el ejercicio de la profesión en el sector público, pero sobre todo de transmitir a los estudiantes y a los nuevos técnicos y profesionistas la nobleza intrínseca de su oficio y los peligros de reducirla a un mero instrumento de acumulación de riqueza personal.