Santiago. Luego de ocho días de un paro declarado indefinido y que complicó el abastecimiento en importantes ciudades y despachar exportaciones perecederas, el gremio de los propietarios de camiones en Chile obtuvo concesiones del gobierno destinadas básicamente a congelar durante los próximos cuatro meses el precio del diésel, lo mismo que a mejorar la seguridad en las autopistas.

La movilización, en la que centenares de máquinas fueron estacionadas a lo largo de kilómetros del acotamiento de carreteras, con bloqueos parciales que ralentizan la circulación, la comenzó el lunes 21 la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, una de cuatro patronales existentes, pero fue extendiéndose al paso de los días hacia el centro del país, afectando las cercanías de la capital y el desplazamiento al vecino e importante puerto de Valparaíso.

Si bien las otras tres y más grandes organizaciones no entraron formalmente al paro, sí le entregaron apoyo tácito y fueron parte de las conversaciones con el gobierno y con el gran empresariado concentrado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que emplea a los transportistas y que negocia tarifas.

Entre los compromisos pactados, el gobierno aceptó sumar otros mil 500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), que opera como subsidio evitando fuertes fluctuaciones; y a tramitar a mediados de diciembre con carácter de discusión inmediata, un proyecto de ley para congelar durante 120 días el precio del diésel.

En materia de seguridad, la administración prometió mejorar la seguridad en siete puntos entre las regiones de Arica y Coquimbo, por el norte, donde habrá presencia policial preferente en horario nocturno; mientras en 2023 se construirán seis zonas de estacionamientos para ser usadas como lugares de descanso en la Macrozona Norte.

En contrapartida, el gobierno no cedió en retirar las 34 querellas que presentó por delitos previstos en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en contra de manifestantes que bloquearon vías e impidieron la libre circulación.

En los poco más de ocho meses del gobierno de Gabriel Boric, esta fue la segunda vez que los camioneros bloquearon carreteras y complicaron el abasto de alimentos, combustibles y carga en general, al tiempo que atrasan el traslado a los puertos de mercancías de exportación como fruta, madera y minerales, en ocasiones causando sustantivas pérdidas cuando se trata de productos perecederos.

Ello se debe a que en Chile 90 por ciento de la carga se transporta por carreteras a lo largo de los 5 mil kilómetros de extensión del país, desde la frontera con Perú y Bolivia por el norte, hasta las tierras patagónicas y los hielos australes por el sur. Apenas 10 por ciento restante se mueve por ferrocarril, básicamente en el centro del país, mientras el cabotaje marítimo es mínimo y ocurre esencialmente en los archipiélagos sureños y hacia las islas oceánicas (Juan Fernández y RapaNui) en el Pacífico.

El transporte por ferrocarril fue desmantelado durante la dictadura militar (1973/1990), se dice que en parte como recompensa al papel que desempeñaron los camioneros en sabotear al gobierno del presidente Salvador Allende, concretando dos largas paralizaciones durante semanas y bloqueos de rutas en 1972 y 1973, que dañaron severamente la cadena de suministro.

Eso les dio históricamente un inmenso poder de chantaje sobre los gobiernos y les ha permitido obtener importantes prebendas, por ejemplo: recuperan hasta 80 por ciento del impuesto específico que grava el petróleo diésel, o tributar mediante un sistema de renta presunta que no logra establecer la verdadera magnitud de sus ingresos y utilidades.