La Paz., El paro cívico de Santa Cruz, en el este de Bolivia, llegó ayer a su fin después de la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que garantiza que el Censo de Población y Vivienda se realizará en marzo de 2024.

El líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que a partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y los bloqueos, sin suspender nuestra lucha, luego de 36 días de cancelar el libre tránsito y violentas protestas que saldaron con al menos cuatro fallecidos y 178 heridos, además de que el transporte público quedó paralizado y, en consecuencia, los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana.

Calvo atribuyó la aprobación de la iniciativa a un triunfo del pueblo e insistió en que se trabajará en la nueva relación de Santa Cruz con el Estado. Aseguró que el comité mantendrá vigilancia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del gobierno nacional hasta septiembre de 2024 y las elecciones de 2025, recoge el portal Erbol digital.

La Cámara de Diputados de Bolivia dio luz verde ayer a la Ley del Censo tras una maratónica sesión, que se prolongó por siete horas y culminó cerca de las 2 de la madrugada. Del total de 119 los legisladores presentes en la sala, 91 votaron a favor, 25 en contra y tres en blanco.

Hasta la madrugada de ayer, con la votación de más de dos tercios de sus miembros, la Cámara de Diputados aprobó la referida legislación y la remitió al Senado para su revisión y posterior promulgación por el presidente Luis Arce, lo que llevó a los manifestantes a suspender las movilizaciones en Santa Cruz.

La norma ratifica la realización de la consulta censal para el 23 de marzo de 2024 y la entrega de resultados en septiembre de ese mismo año, para que sea aplicada en la recomposición de representantes legislativos y la asignación de recursos económicos para cada región.

El conflicto estalló hace más de un mes cuando el jefe del Ejecutivo federal fijó para marzo de 2024 la realización del censo de población en Santa Cruz, mientras que los opositores salieron a las calles para exigir que este proceso se llevara a cabo un año antes, en 2023.

La legislación boliviana estipula que el censo poblacional debe levantarse cada 10 años, si bien el último se produjo en 2022. El recuento de habitantes podría derivar en la ampliación de presupuesto federal, así como un reajuste de la representación en el Parlamento.

La oposición acusó a Arce de tratar de retrasar la asignación de fondos, mientras el mandatario hizo sucesivos llamamientos a la calma y pidió el fin de un paro indefinido en Santa Cruz que se ha prolongado por más de un mes.

Sin embargo, el gobernador de la ciudad boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, explicó este miércoles que, como el censo no puede organizarse en 2023 por falta de tiempo, la fecha de ejecución no es “determinante“, desistiendo así de su postura inicial que instaba al gobierno de Bolivia a realizar la encuesta nacional el próximo año. Camacho, que es el principal protagonista del conflicto, consideró en varias ocasiones que la realización del censo en 2023 era inquebrantable, pero la nueva postura del gobernador cambia la situación de conflicto y anunciaba un nuevo escenario.

Según una estimación del Ministerio de Economía, con el paro Santa Cruz, Bolivia perdió más de mil millones de dólares, factor que incide negativamente en el producto interno bruto del país.