Con el voto aprobatorio de 20 congresos, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma al artículo quinto transitorio del artículo 29 constitucional, que amplía hasta 2028 la participación de militares en la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.

La declaratoria, que se envió al Senado, dio cuenta del voto de los congresos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y de la Ciudad de México.

Al referirse a la declaratoria, desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), afirmó que la condición civil de la Guardia Nacional prevista en el artículo 29 constitucional se respeta con la ampliación avalada.

El legislador expuso que sólo se extiende su vigencia sobre la misma base, alcance y efectos jurídicos. En eso estamos, no hay nada que pueda, en nuestra opinión, afectar la condición republicana del gobierno civil del país, sostuvo.

También justificó la presencia de militares y marinos en las calles, ante la complejidad del problema de violencia e inseguridad que enfrentamos, sumados a la capacidad económica y disponibilidad de armamento de alto calibre de las organizaciones criminales (que) representan una grave amenaza para el ejercicio de los derechos y libertades.

Incluso reconoció que, salvo excepciones, no hay una policía civil eficiente y segura. ¿Qué tenemos? La necesidad de ocupar lo que la República tiene, una fuerza organizada militar, muy bien armada, jerárquicamente competente, eficiente, especializada y disciplinada al poder civil. Está ayudando y seguirá ayudando.

El presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal (PAN), recordó que la modificación a dicho transitorio prevé la obligación del Congreso de incluir un fondo para equipamiento y capacitación de policías estatales y municipales que, dijo, deberían ser de casi 16 mil 500 millones de pesos para 2023.