l pasado 29 de octubre, el Presidente de la República firmó en el pueblo yaqui de Belén, el decreto para la restitución de alrededor de 30 mil hectáreas, superficie que había sido despojada a la tribu yaqui. Para ello, el gobierno federal negoció con los propietarios, el pago de 420 millones de pesos de 11 predios localizados 10 en el municipio de Guaymas y otro en Cajeme.

El discurso oficial ha enfatizado los atropellos sufridos por la tribu yaqui, en especial el trato inhumano recibido durante la deportación. Sin embargo, en la reconstrucción actual se ubica a los decretos del presidente Lázaro Cárdenas y se coloca una suerte de vacío sobre las políticas seguidas por los gobiernos posteriores, para detenerse en el ex presidente Ernesto Zedillo, en 1997. Vale la pena recordar el recuento presentado en 2006, por el Consejo Internacional de Tratados Indios, y algunas autoridades tradicionales yaquis en una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitida en 2015. La parte yaqui denunció que se ha violado el derecho a la propiedad colectiva del pueblo yaqui en virtud del reconocimiento parcial, despojo y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal de territorio tradicional previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio yaqui. El Estado ha expedido múltiples concesiones para proyectos de infraestructura, incluyendo una autopista de peaje. El pueblo yaqui acordó la construcción de la carretera federal de peaje 15, en el entendimiento de que recibiría 10 por ciento de las ganancias totales recogidas por la garita de peaje del Empalme. Sin embargo, señaló que el Estado no les ha hecho ningún pago.

Por su parte, el Estado alegó que “el 30 de septiembre de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas expidió una resolución en la cual se precisaron los puntos a los que se sujetaría el deslinde y delimitación de las tierras reconocidas al pueblo yaqui –hecho que los yaquis cuestionaron–; señaló también, que la superficie reconocida al pueblo yaqui ha sido objeto de tres expropiaciones por causa de utilidad pública, de conformidad con la Constitución de México”.

Los peticionarios sostuvieron que el 10 de enero de 1997 –sin consultar con el pueblo yaqui– el presidente Zedillo expidió un decreto expropiatorio que convalidó la propiedad ejidal sobre 431 hectáreas de riego en favor de seis núcleos de población ejidal. Además, autorizó a la Secretaría de la Reforma Agraria para que pusiera a disposición del Estado 2 mil 257 hectáreas, en su mayor parte de riego, para su titulación en los términos que se conviniera con los poseedores. En suma, expropió 2 mil 688 hectáreas localizadas en áreas conocidas como La Cuchilla e Isleta I y II, pero despojó más de 40 mil 499 hectáreas ubicadas en áreas extensas fuera de La Cuchilla e Isleta I y II. La expropiación del decreto de Zedillo no se realizó por razones de utilidad pública, sino para transferir y legalizar la posesión de las tierras ancestrales a terceros no yaquis.

Anotaron, además, que han vivido un clima de amenazas gubernamentales y las estrategias para promover la división entre las autoridades de la tribu, incluso se presentaron casos de torokoyoris (traidores al pueblo), que usurpan nombramientos tradicionales sin contar con la estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal. La tropa de la tribu ha procedido a desconocerlos. El gobierno también los ha presionado con el castigo en reparto de recursos para proyectos o disminución de becas.

De todo ello no se habla, pero es un telón de fondo que no debe ignorarse ni asumir que sus efectos ya no están presentes, a ello obedece la existencia de autoridades duales, esto es, las que ha reconocido el gobierno estatal de manera independiente a las que elige la tribu. Otro aspecto central, es el del rentismo imperante, el secretario de la guardia tradicional de la comunidad de Belem planteó la necesidad de apoyos a créditos agrícolas. Ya en el medio local se dice que las tierras restituidas entrarán al rentismo, incluso de parte de quienes hoy las vendieron al gobierno. Un material oportuno es el que La Jornada publicó en una serie de reportajes: Ecos de la contrarreforma agraria (1-4/11/22), que son un espejo sobre la situación en el país, incluido Sonora, dan cuenta con datos duros de que las mejores tierras han sido acaparadas por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo –muchos leoninos–, así como de estrategias legales e ilegales. Muestran testimonios sobre casos en que los ejidatarios se vieron en la necesidad de rentar sus parcelas, les fueron expropiadas o los despojaron de ellas con engaños. ¿Cuál es la propuesta oficial para todos los pueblos?