Con nulo margen para evitar las obligaciones financieras y de seguridad social, el proyecto de dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación que circula entre diputados se enfila a aprobar el mayor gasto en intereses de deuda y pensiones desde que hay registro. Un monto que no cambia respecto a lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre pasado, al ser parte de los gastos obligatorios del sector público.

El próximo año el gobierno destinará un billón 79 mil 87 millones de pesos a pagar los intereses de la deuda pública, un incremento de 30 por ciento respecto al monto aprobado a este fin durante 2022, debido a la escalada en las tasas de interés que se ha registrado tanto en México como en las economías cuyas monedas son referencia para la contratación de créditos.

El volumen de recursos para el pago de intereses de la deuda es tal, que absorberá 13 de cada 100 pesos del gasto de 8.3 billones de pesos que tendrá el sector público durante el próximo año y representará 3.4 por ciento de la capacidad de producción de la economía mexicana, su mayor proporción desde 1996, cuando el país se venía levantando de la crisis con la que se inauguró el gobierno de Ernesto Zedillo.

Como mecanismo para mitigar la inflación que comenzó a acelerarse el año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado en seis ocasiones sus tasas de interés desde marzo de 2022. Ha pasado de 0.25 a 4 por ciento en el margen máximo de su rango, lo que implica un aumento de mil 500 por ciento en ocho meses.

En el mercado interno mexicano, que se usó como refugio del gobierno federal para reducir el impacto de la incertidumbre que desató la pandemia de coronavirus en los mercados internacionales, la tasa de referencia ha pasado desde junio del año pasado de 4 a 9.25 por ciento en la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México.

El presupuesto que se propone para 2023 pone como prioridad el gasto federalizado, el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, por encima, con 63 por ciento, del gasto en salud, educación y cuidados. El limitado espacio fiscal impide que se asignen más recursos a sectores que podrían tener un impacto positivo en el desarrollo social y el bienestar de la población, explica el proyecto de dictamen que se discutirá esta semana en comisiones de la Cámara de Diputados para después pasar al pleno.

En pensiones tampoco se mueve ni una coma, pues no hay margen para liberar recursos de un gasto que es obligación del Estado. Las aportaciones a la seguridad social absorberán una partida de un billón 236 mil 422 millones de pesos, rubro que no engloba la pensión para adultos mayores, pero sí los retiros de la burocracia federal, de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, de estados, municipios y universidades públicas.