o fue uno, sino dos los resultados perdedizos de igual número de encuestas que sobre la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador organizó y pagó (recursos públicos) el Instituto Nacional Electoral (INE, mago del encubrimiento), con el inenarrable Lorenzo Córdova como cabeza visible, siempre arropado por su fiel contlapache Ciro Murayama, quienes sufren porque en alrededor de seis meses se les acaba el hueso.

Dos encuestas sobre el mismo tema, levantadas en fechas distintas, cuyos resultados no difundió la pandilla (el primero se mantiene en el rincón más escondido del instituto y el segundo se conoció por la presión de Morena en el INE, no por la transparencia de éste), porque la percepción ciudadana cambia con frecuencia (Córdova dixit). Sin embargo, sí divulgo y promovió las publicadas por algunos medios de comunicación afines que apuntalaban la versión de Córdova.

En su origen, de acuerdo con la propaganda oficial, la creación del Instituto Federal Electoral (ahora INE) buscaba la ciudadanización de las instituciones electorales y sus mandos, quienes deberían operar con transparencia total para que los votantes contaran con información clara y concisa sobre su proceder; en los hechos, se convirtió en otro botín de la mafia política, la cual decide quien llega o no al Consejo General (especialmente a la presidencia del organismo), en una abierta práctica de cuotas. Sin duda, es un hueso dorado con el que algunos sueñan y así pretende mantenerlo, todo, desde luego, en nombre de la democracia. En eso acabó la citada ciudadanización.

Dice el (aún) consejero presidente que estas encuestas son encargadas por el INE con regularidad de un par de veces al año y publicadas, invariablemente, en el portal de transparencia del instituto. Según él, “después de un amplio proceso de deliberación pública y al contar con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas… Un ejemplo claro, expuso, es que hace dos meses la confianza en el Instituto era de 67 por ciento, y hoy ha crecido a 73 según el último sondeo. Córdova no puntualizó la fuente de su aseveración sobre el supuesto crecimiento de la confianza ciudadana hacia el INE, y en su hilo de tuits tampoco ofreció la liga electrónica correspondiente.” ( La Jornada, Fabiola Martínez).

Por cierto, por medio de su noticiero Los Periodistas del pasado miércoles, los colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela hicieron el ejercicio: con el objetivo de encontrar las dos encuestas perdedizas buscaron en el portal de transparencia del propio INE y ni sus luces.

En su vano intento por amainar la tormenta, Córdova aseguró que una encuesta mandada a hacer por el INE hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento sólo 27 por ciento conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso (ídem).

A esto último se refirió el presidente López Obrador: ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral, ahora como está en debate ya se enteró más gente, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se había enterado 27 por ciento. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que sólo sea ese porcentaje. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite, los que simpatizan más con el conservadurismo, los que tienen más información. Entonces, si esto están pensando los de arriba (52 por ciento a favor de la reforma electoral), imagínense cómo están pensando los de abajo. Sería bueno que hicieran otra encuesta, porque la gente está más informada y seguramente ya cambió, como sostiene el presidente del INE.

Algo más: dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también éstos la guardaron; fue un pacto de silencio. De ese tamaño es la transparencia que tanto cacarean.

Las rebanadas del pastel

Como sucede desde 1992, ayer la Asamblea General de la ONU condenó (98 por ciento de los países representados; sólo Estados Unidos e Israel, en contra; Brasil y Ucrania se abstuvieron) el ilegal embargo que el gobierno estadunidense impuso a Cuba 60 años atrás. Sin embargo, igual que sucede año tras año, la comunidad de naciones se pronuncia en tal sentido, pero no actúa en consecuencia.

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