a interrupción legal del embarazo (ILE), o el aborto hasta las 12 semanas completas de gestación, es un derecho accesible en México por decisión de la mujer desde 2007, cuando por primera vez se reformó al Código Penal y la Ley de Salud en la Ciudad de México. La reforma colocó a nuestra capital como pionera de los derechos reproductivos en la región de América Latina (con excepción de Cuba, donde desde 1965 se legalizó y redujeron a cero los abortos inseguros). Desde entonces se atendieron en esta ciudad cerca de 250 mil mujeres, 30 por ciento de ellas tuvieron que viajar desde otros estados para acceder a este servicio.

Oaxaca fue la segunda entidad en asumir la interrupción legal del embarazo en 2019, tuvieron que pasar 12 años para que se reconociera este derecho fuera de la capital. Pero el avance del último año es histórico. Se trata de un cambio jurídico, político y cultural inédito. La sentencia del 7 de septiembre de 2021 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el camino a la libertad de las mujeres, al decidir por unanimidad que a partir de esta fecha las mujeres no podrán ser castigadas penalmente en ningún momento por abortar en México. Hay que reconocer el posterior trabajo de feministas y legisladores locales, quienes han logrado extender el acceso a la ILE a las mujeres de 10 entidades, además de la Ciudad de México y Oaxaca; se sumaron en un año los estados de Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa y, hace un par de semanas, Quintana Roo.

Paralelamente, el sector salud ha dado pasos sustantivos para extender a todo el territorio del país el acceso a un aborto seguro; se requiere contar con una adecuada oferta de servicios. La evidencia muestra que los abortos inseguros generan morbilidad materna extremadamente grave, complicaciones, eventos adversos y muertes evitables con un alto costo para las niñas, mujeres y adolescentes, así como para sus familias y los sistemas de salud. El aborto es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad materna. De las 32 mil 284 muertes maternas registradas entre 1990 y 2016, 7.5 por ciento fueron por causas relacionadas con el aborto; murieron por esa práctica 305 adolescentes de 15 a 19 años y 13 niñas de 10 a 14 años. Son muertes evitables, que pudieron prevenirse con el uso de la tecnología médica actual.

El pasado 18 de octubre el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva presentó el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, documento que establece los criterios básicos de atención a las unidades de salud del país, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes de todo el país, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva e integral, gratuita, confidencial, segura y expedida; basada en la mejor evidencia científica disponible, con perspectiva de género y de derechos humanos. Bajo dichas condiciones, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro.

Además de ofrecer los servicios de aborto seguro a en las entidades donde se despenalizó por decisión de las mujeres, es importante saber que, desde hace siete años está legalizada en todo el país la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), los servicios de aborto a las víctimas de delitos de naturaleza sexual, incluyendo víctimas de violación equiparada, estupro, pederastia, abuso sexual e incesto; las niñas y adolescentes mayores de 12 años pueden solicitar de manera autónoma la IVE, ante la ausencia o negativa de padre, madre o tutor; ante negativa de tutores, las menores de 12 años pueden solicitar la participación legal a las autoridades que les representen para suscribir su consentimiento informado y garantizar sus decisiones.

El nuevo lineamiento técnico de la Secretaría de Salud garantiza el acceso a servicios de aborto seguro y la maternidad voluntaria de las mexicanas. Traer a un ser humano cuando no hay el deseo ni las condiciones impacta en la salud y la felicidad de madre, hijos y pareja, en el crecimiento afectivo, escolar y económico de las dos generaciones, así como en la movilidad social de niñas, adolescentes y mujeres.

Ninguna mujer tendría que ser obligada a ser madre, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.

* Secretaria general del Conapo

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