Mérida, Yuc., Desde 2013, integrantes de la llamada mafia inmobiliaria de la costa se apoderaron de por lo menos 4 mil 653 metros lineales de playa federal (de propiedad social) en el municipio de Dzilam de Bravo con estrategias legaloides y firmas falsificadas en minutas de asambleas ejidales que nunca existieron. El valor mínimo aproximado de esos predios al día de hoy sería de 930 millones de pesos.

Esta superficie corresponde a 51 lotes catastrales de la demarcación ubicada en el noreste del estado, de los que se apoderaron miembros de este grupo que son, en su mayoría, ex funcionarios del gobierno que encabezó el priísta Rolando Zapata Bello (2012-2018), quien desde septiembre pasado es el secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del CEN del PRI.

Con base en información oficial de fuentes que pidieron el anonimato, los ejecutores de esta operación irregular crearon tablajes catastrales sobre esos predios con el argumento de que se trataba de lotes del fundo legal (porción del ejido destinada al asentamiento humano).

Luego de la generación artificial de esos tablajes, los terrenos fueron adjudicados a título gratuito a varias empresas fachadas, vinculadas a ese grupo de ex funcionarios mediante la falsificación de actas y sesiones de cabildo amañadas.

En los trámites aparecen como responsables principales el entonces alcalde priísta (2015-2018), Julio Abraham Villanueva Rivero, y Mario Xavier Peraza Ramírez, director del catastro estatal entre octubre de 2015 y junio de 2016, actual diputado federal postulado por la coalición PVEM-Morena-PT.

Desde la oficina de Peraza se habrían creado, sin la historia registral respectiva, los lotes que luego se transfirieron gratuitamente, según reportes documentados en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, instancia creada en el gobierno de Zapata Bello.

En su gestión como presidente municipal de Dzilam de Bravo, Villanueva Rivero y sus regidores adjudicaron gratuitamente 16 predios. Y durante su periodo también se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad (RPP) los 35 lotes supuestamente otorgados a título gratuito por su antecesor, el también priísta Pedro Jesús Castillo Reyes, según consta en documentos del RPP de Yucatán.

En la sesión de cabildo del 18 de diciembre de 2013 se habrían hecho ocho adjudicaciones; otras ocho, nueve días después; una, el 29 de diciembre de 2013; 10, el 26 de diciembre de 2014, y otra más el 9 de marzo de 2015. No se conoce la fecha de la sesión de cabildo ni el número de acta de otras siete asignaciones.

Castillo Reyes se deslindó de esas prácticas y aseguró que alguien –aún no se sabe con certeza quién– falsificó su firma y la de los demás regidores en las actas de cabildo con que se aprobaron las adjudicaciones. Algunos indicios apuntan al propio Villanueva Rivero y a ex funcionarios del gobierno municipal de Castillo Reyes.

Las adjudicaciones gratuitas se formalizaron ante un escribano público, supuestamente entre el 28 de diciembre de 2013 y el 25 de agosto de 2015, pero no fueron inscritas en ese periodo en el RPP. Esto ocurrió hasta la llegada de Villanueva Rivero a la alcaldía.

Los 35 predios presuntamente adjudicados con las actas de cabildo falsas se inscribieron en las siguientes fechas: 12 de febrero de 2016, cuatro predios; 15 de febrero, uno; 9 de marzo, ocho; 14 de marzo, 11; 13 de abril, uno; 22 de abril, nueve, y 3 de junio de 2016, uno.

Los beneficiados, según documentos del RPP, son DDA Proyectos del Sureste y Uredi, representada legalmente por Julio Presuel Moreno, estrechamente relacionado con Peraza Ramírez. Esta empresa recibió 19 predios en Dzilam, con 2 mil 618 metros lineales de playa.

También Mayan Woods, de José Luis González González y Claudia Rebeca Ordaz Ortiz, que recibió cuatro predios que suman 783 metros de playa; Carlos Manuel López Bolaños obtuvo 10 lotes catastrales con mil 142 metros. U Najil ts’ Aak Yaj San Miguel, clínica de especialidades, adquirió dos predios con 110 metros.