El proyecto de reforma electoral representa una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia y dar mayor legitimidad a las autoridades en la materia, pero someterlas al voto popular tiene el riesgo de que consejeros y magistrados elegidos de esta forma pertenezcan al partido en el gobierno. Es decir, volverían a depender del Poder Ejecutivo, advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Además, advierte que el proceso tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos, lo cual va en contra del principio de austeridad que busca el gobierno en su iniciativa de reforma.

El documento titulado Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, afirma que otra ventaja de la iniciativa del Ejecutivo es la posibilidad de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.

No obstante, señala que en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en México luego de la tercera alternancia de 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a dichas autoridades en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal.

Indica que una transformación radical de uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, debido a que las autoridades participarían en la lucha por el poder y al mismo tiempo son las encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.

Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política.

El análisis resalta que uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual fue posible con la autonomía, ciudadanización y profesionalización de las autoridades comiciales.