En la segunda entrega del informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que 782 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) operaron también como servidores de la nación en diferentes trabajos de campo, como en brigadas de vacunación, según se constató en la revisión a la partida 37901 sobre gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales de la Secretaría de Bienestar (SB).

En la revisión del gasto ejercido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), responsable del programa insignia, se identificó el pago de 3 millones 314 mil 400 pesos a 114 beneficiarios que al mismo tiempo se encontraban vigentes como servidores de la nación, 98 de ellos incluso fueron identificados como empleados del Estado en los registros del Issste, aunque no precisa si son los mismos que se menciona en la revisión de la SB.

Lo anterior, señaló es contrario al objetivo del programa que consiste en incluir en actividades productivas a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Por ello, la ASF recomendó a la STPS fortalecer los mecanismos de control y supervisión para asegurar que se valide que los beneficiarios del programa JCF no estén registrados como estudiantes inscritos en alguna institución de educación, ni como trabajadores ante el IMSS o el Issste.

Respecto a la partida de gasto 37901, por un monto de 768 mil 87.3 pesos, de la SB, la auditoría indicó que la dependencia federal tramitó el pago a 3 mil 67 servidores de la nación por concepto de gastos de traslado y alimentación, de quienes se comprobó que, durante el tiempo en que estuvieron comisionados en los operativos denominados Sismo en el estado de Guerrero y “Huracán Grace en el estado de Puebla”, así como para los programas sociales La Escuela Es Nuestra y Producción para el Bienestar, 2 mil 200 de ellos (71.7 por ciento), estuvieron simultáneamente afiliados al IMSS y 85 al Issste con un patrón distinto de la dependencia, ya sea en el sector público o privado, y 782 fueron beneficiarios de JCF.

La ASF alertó que, dada esta situación, dichos servidores no pudieron haber realizado a cabalidad las comisiones asignadas ni ejecutar las tareas y actividades descritas en los informes y comprobación de comisión formalizados, no obstante que de acuerdo con lo informado por la Unidad de Coordinación de Delegaciones, estos trabajadores suscribieron cartas bajo protesta de decir verdad en las que declararon no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, además de manifestar que no existía alguna situación o supuesto que pudiera generar un conflicto de intereses con motivo del inicio de su encargo.

El órgano fiscalizador destacó que lo anterior fue resultado de la falta de supervisión de los periodos de comisión de los servidores de la nación, y de la elaboración y conciliación de los archivos de dispersión de recursos.