ado el compromiso presidencial, se dio por hecho la cancelación de un proyecto minero (que a lo largo del tiempo cambió de nombre y de dueños) para extraer oro a cielo abierto en un área natural protegida en Baja California Sur, autorizado entre 1994 y 1997 (la concesión, por cortesía de la Secretaría de Economía, y el visto bueno en materia ambiental, por la de Medio Ambiente), en el sexenio depredador de Ernesto Zedillo. Todo indicaría que se procedió en ese sentido, aunque durante la gira que Andrés Manuel realizó ayer por dicho estado de la República surgió la duda, planteada por una colega: usted lo ha comentado en diversas ocasiones, pero, ¿existe alguna garantía de eso, algún documento oficial que pueda revisar la sociedad civil, pues, para saber que efectivamente se anuló?

Como dice el clásico, la burra no era arisca… En 2019, tras 25 años de lucha permanente, los habitantes de Baja California Sur ganaron la batalla: el gobierno de la 4T anunció la cancelación de dicho proyecto minero (originalmente Paredones Amarillos, después Minera Concordia y más adelante Los Cardones), algo que fue rechazado por cuatro inquilinos de Los Pinos al hilo (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), con todo y que las empresas beneficiarias se instalaron ilegalmente en un área natural protegida. Pero esos habitantes no se doblaron y cinco lustros después de la concesión (una entre miles otorgadas por el régimen neoliberal) el gobierno de López Obrador lo canceló.

A la pregunta de la colega, el mandatario dijo que debe existir algún oficio en la Secretaría de Economía, pero es un compromiso de que ese proyecto está cancelado. Voy a ver si formalmente ya se anuló la concesión, pero hicimos el compromiso de que se cancelaba ese proyecto. Por ello, dijo, voy a pedir a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que formalice lo de la cancelación de la explotación de la mina, ergo, Tatiana Clouthier no hizo su chamba e incumplió la instrucción presidencial.

En no pocas ocasiones los habitantes de Baja California Sur se mostraron casi victoriosos, porque lograban detener el proyecto, pero sólo para que el gobierno federal, con el apoyo del estatal, recurriera a todo tipo de trucos legaloides –siempre en defensa de las empresas trasnacionales y nacionales que se negaban a salir de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, ilegalmente concesionada– para que todo siguiera igual, aunque con otro nombre y otro consorcio. Finalmente, los habitantes lo lograron (por allá de marzo de 2019), lo que constituyó un enorme triunfo para quienes nunca se doblegaron.

A lo largo de los años, México SA ha denunciado el descarado despojo de dos empresas canadienses (Echo Bay y Vista Gold, la primera vendió a la segunda) y una mexicana (propiedad de Ricardo Salinas Pliego, asociada con las depredadoras canadienses), que modificaron el nombre, pero no la concesión, en tres ocasiones, en connivencia con el régimen neoliberal.

La acción ciudadana evitó el avance del proyecto, aunque Paredones Amarillos se renombró Minera Concordia y posteriormente Los Cardones. El gobierno federal nunca debió concesionar esa área natural protegida, por mucho que la agredida geografía nacional sea víctima de permisos de tal naturaleza. De acuerdo con información de las organizaciones, la explotación liberaría, durante el proceso de molienda, 67 millones de kilogramos de arsénico (suficiente para envenenar a toda la población del país), que quedarían expuestos a la intemperie a perpetuidad y que con las constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar permanentemente los acuíferos. Además, toneladas de, entre otros, plomo, cromo, uranio y torio. Con una vida útil cercana a una década, se habrían extraído alrededor de 40 toneladas de oro, para lo cual se utilizarían anualmente un millón 400 mil metros cúbicos de agua.

Entonces, qué bueno que el Presidente reitere que se canceló el citado proyecto minero, pero papelito habla.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, López Obrador ejemplificó lo distinto que es un gobierno al servicio de la nación y de sus habitantes, y otro al servicio de los consorcios: el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940, fue el presidente que más tierra entregó a los campesinos; en aquel entonces, 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas en todo el país; en cambio, Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas, pero a las empresas mineras, nacionales y extranjeras. Nada más para mostrar la diferencia.

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