El juez Ignacio García Zúñiga consideró que no había elementos para ordenar la prisión preventiva oficiosa contra el ex gobernador Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien fue acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 40 millones de pesos.

En una audiencia celebrada ayer en Ciudad Victoria, el juez radicado en Tamaulipas determinó que no había fundamentos para mantener privado de su libertad al priísta.

Tras la diligencia, los abogados del ex mandatario informaron en un comunicado que con la resolución que hoy (ayer) se dictó, se demuestra una vez más que Hernández Flores fue privado de la libertad ilegalmente por autoridades de la anterior administración, que trataron, por todos los medios, de mantenerlo preso, a pesar de saber lo insostenible de sus acusaciones.

La defensa combatió las acusaciones contenidas en la causa penal 237/2018, presentadas por la entonces procuraduría de Tamaulipas, bajo la dirección de Irving Barrios Mojica, actual titular de la fiscalía estatal, lo mismo el Poder Judicial de Tamaulipas, que presidió Horacio Ortiz Renán.

Ellos procesaron las acusaciones presuntamente falsas por privación ilegal de libertad, durante la administración del gobernante panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Javier López García, Elba Marina Vásquez Mendoza, José Isabel Luna y Felipe Rivera Riestra indicaron que se está actuando con plena responsabilidad, convencidos que la razón jurídica les asiste.

También agregaron que hay expectativas de que en breve Santiago Espinoza Camacho, titular del juzgado primero, en acato a la sentencia de amparo determine la libertad de su cliente.

Por lo pronto el ex mandatario permanecerá en el penal de Tenango del Valle, en el estado de México.

Esta es la tercera resolución de cumplimiento de amparos promovidos por la defensa del ex mandatario priísta, quien fue detenido el 6 de octubre de 2017, en Ciudad Victoria, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de dos terrenos de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del estado, según consta en la carpeta 67/2017; en ese caso un juez federal concedió un amparo, determinándose un auto de libertad.

En otro proceso, por el que se le acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de predios en el municipio de Victoria, también un juez federal otorgó el amparo y se dictó auto de libertad.

Con información de Martín Sánchez