En el asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, hay al menos ocho personas involucradas, informó el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario recordó que el homicidio fue perpetrado el viernes de la semana pasada en Puerto Vallarta, Jalisco, donde Llamas Urbina era titular del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese municipio.

Dijo que se han revisado videos del lugar y cámaras aledañas, así como toda la mecánica de los hechos, antecedentes y telefonía, por lo que ya se cuenta con varias líneas de investigación entre autoridades estatales y federales.

De todo esto hay un seguimiento, hay líneas de investigación y se tiene convicción de que se va a lograr hallar a los culpables. Cuando menos hay ocho involucrados directamente en el lugar de los hechos y el modo de operación se asemeja a otros utilizados en Puerto Vallarta, como el de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, en el mismo lugar había personas desperdigadas, refirió el funcionario.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en lo que va de la administración de López Obrador han sido liberadas 3 mil 359 personas que purgaban penas por delitos no graves, no tenían sentencia, fueron encarceladas injustamente o no contaron con un traductor (en el caso de indígenas) o con los recursos para pagar un abogado. De ese total, 674 se concretaron en el último mes.

Estos procesos de liberación, detalló, se dan en respuesta a la instrucción del mandatario federal a fin de gestionar libertades anticipadas y amnistías de adultos mayores con alguna enfermedad crónica, indígenas, mujeres, personas con discapacidad o víctimas de tortura.

Se trata, la mayoría de las veces, de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que están recluidas porque no pudieron pagar un abogado, no tuvieron traductor o han enfrentado adversidades, precisó.

Mejía Berdeja también informó sobre acciones para indagar la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero. Refirió que autoridades de diferentes órdenes de gobierno realizaron cateos a cinco inmuebles en el estado propiedad de Johnny N, El Pez, y José Alfredo N, El Fresa, líderes de La familia michoacana, a quienes se señala como presuntos responsables de esos crímenes, donde 21 personas fueron asesinadas.