El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si se cumplen todos los procedimientos legales, se podrían reactivar las 21 órdenes de aprehensión que en días pasados fueron canceladas contra ex funcionarios y militares presuntamente implicados en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.

Desde su perspectiva, el retiro de esas órdenes de captura –la mayoría contra elementos de las fuerzas armadas– se dio porque se quería dinamitar la indagatoria.

Interrogado sobre la reunión que tuvo el lunes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada tras el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el mandatario confirmó lo que abogados de las víctimas señalaron a La Jornada tras ese encuentro: la posibilidad de reactivar esas órdenes de aprehensión.

En la mañanera de ayer reconoció incluso la posibilidad de que haya más órdenes de captura y no sólo contra los personajes que aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) –como él mismo había insistido en días pasados. ¿Incluidos militares?, se le preguntó. Incluidos militares, respondió.

Sí, siempre y cuando se cumplan todos los procedimientos legales. Se actuó a partir del informe de la comisión, los (nombres) que aparecen ahí (como presuntos responsables) son los que fueron procesados o a los que se pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión, a ese grupo.

El jefe del Ejecutivo dio una interpretación de por qué se retiraron las 21 órdenes de aprehensión, lo que llevó a la renuncia del anterior fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, quien contaba con la anuencia de las familias.

Por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí (en el informe), sino que 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo con el informe (de la Covaj), y había personas que contaban con protección, aunque posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe.

Desde su perspectiva, la Fiscalía General de la República actuó bien, pues las acciones se ejecutaron contra quienes aparecieron en el reporte de la Covaj, sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables.

Ante las inconformidades de las familias por el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo fiscal del caso, el Presidente manifestó su confianza en el funcionario y lo calificó de hombre íntegro, honesto y de primera, al que conoce desde hace más de tres décadas.

El nuevo fiscal, dijo, no forma parte de grupos de abogados que tras 10 años de experiencia son maestros, pero no necesariamente en la aplicación de la ley con rectitud y honestidad, porque en vez de formarse para actuar con principios y con apego a la verdad, se formaban en la asimilación de trucos y mañas; se graduaban como corruptos.