Madrid. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció ayer desde Cochabamba que la derecha se ha embarcado en una nueva aventura golpista, como sucedió en 2019, con el actual paro cívico impulsado en la provincia de Santa Cruz, que cumplió su tercera jornada.

El debate debe tomar en cuenta lo que ocurre en nuestro país. Una situación en la que la vieja derecha quiere seguir emprendiendo una aventura golpista en nuestro país y sin duda alguna tiene, como en 2020, a todo el movimiento campesino, al movimiento popular, para detener cualquier aventura golpista, sostuvo Arce en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

Tenemos organizaciones sociales fuertes, unidas, y estamos seguros de que una vez más, nuestra federación de campesinos de Cochabamba saldrá unificada, destacó Arce.

Además, subrayó la resistencia durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que se impuso tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Nos enjuiciaba, nos encarcelaba, nos correteaba, pero pudo más un factor que hoy nuevamente venimos a pedirles: la unidad de nuestras organizaciones sociales, que estemos unidos, que demos un solo golpe, hermanos, todos unidos, expuso.

El portavoz de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas, afín al partido gobernante Movimiento al Socialismo, afirmó que el paro es de un sector que no representa a la región y por ello pidió al gobierno las garantías para el libre tránsito y para trabajar.

Ayer se cumplieron tres días del paro indefinido impulsado por el Comité Cívico de Santa Cruz, controlado por la oposición, para exigir la realización de un censo en 2023 que redefinirá la distribución de escaños en el Legislativo.

Esa ciudad del oriente amaneció sin transporte, con avenidas y calles bloqueadas por manifestantes; mercados, bancos y comercios cerrados y esporádicos choques entre grupos afines al gobierno que buscaban rehabilitar el tráfico y manifestantes a favor del paro.

La protesta de Santa Cruz amenazaba con extenderse a otras regiones del país, como Beni y Potosí, y no era la única manifestación antigubernamental. Una masiva marcha de mineros auríferos que se oponen a un nuevo régimen impositivo paralizó el centro de La Paz. También marcharon los maestros por demandas sectoriales.

En el primer día del paro murió en circunstancias violentas el trabajador Julio Pablo Taborga, quien intentaba levantar uno de los bloqueos en la frontera con Brasil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió investigar el asesinato de Taborga, cuyo deceso, según el informe forense, fue provocado por un traumatismo en la cabeza. Su esposa denunció que fue apaleado.

Inicialmente el censo estaba previsto para noviembre de este año, pero fue aplazado por razones técnicas y logísticas para 2024, según el gobierno. Los líderes de Santa Cruz reclaman que el empadronamiento se haga en 2023 para que los resultados tengan efecto en los comicios presidenciales de 2025.

Los intentos de diálogo no prosperaron el fin de semana. Al deceso de Taborga se sumó la detención de tres líderes de la protesta, lo que complicó una salida al conflicto. A su vez, sindicatos afines al gobierno han advertido con bloquear el ingreso de alimentos y combustible a Santa Cruz.