Una vez que se amplió a tres comisiones de la Cámara de Diputados el análisis de las 50 iniciativas de reforma electoral, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena planteó a los otros partidos lograr un dictamen que permita modificaciones con la mayor legitimidad posible.

No obstante, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), si no se aprueba la reforma no pasa nada y se hará la elección de cuatro nuevos consejeros en abril de 2023.

Aun cuando la semana pasada el coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que esta semana se discutiría un proyecto de reforma híbrida o mixta, esto es con cambios a la Constitución y a la legislación electoral, la discusión se retrasó nuevamente ante el rechazo del PRI de analizar un documento que busque afectar a los órganos electorales.

Incluso no hay convocatoria de reunión para que se encuentren las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y de Gobernación, esta última que preside el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista, Ramiro Robledo planteó que, si se hace un esfuerzo y se anteponen al interés particular o de partido el del país, podemos encontrar puntos que acerquen a lo que pudiera ser una propuesta común de las tres comisiones que se conviertan en dictamen, eventualmente. Ése es el propósito.

Para el legislador, lo más deseable es que una posible reforma se apruebe en el actual periodo de sesiones ordinarias, y ante la pregunta de qué ocurriría si no se vota, respondió: No pasa nada, siguen las cosas como están. Vendrá la renovación de cuatro consejeros del INE y será otro episodio el año que entra. Y, ¿qué puede haber ahora? Posibilidades de alguno que otro punto de reforma constitucional, hay dos o tres, hasta cuatro que he identificado en donde se acercan algunos partidos entre sí y que pueden llegar a conformar una mayoría.

Para el legislador, entre esos puntos se encuentra una reducción del financiamiento a los partidos, la reducción del número de integrantes de las cámaras del Congreso y las legislaturas locales; y disminuir el costo de las elecciones.