Entre 2010 y 2016, periodo en el que gobernó en Veracruz el entonces priísta Javier Duarte de Ochoa, la violencia y las desapariciones forzadas en ese estado tuvieron un auge, denunciaron organizaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. En un informe entregado el miércoles pasado a este tribunal, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo Solecito presentaron 22 casos de desaparición en los que participaron agentes estatales, algunos en colusión con el crimen organizado.

Documentaron otras 19 desapariciones que comparten elementos geográficos y temporales: todas fueron cometidas entre el 22 de febrero de 2011 y el 14 de julio de 2016, y las víctimas fueron detenidas en la ciudad de Veracruz o en localidades cercanas. Además, las personas comparten características de edad (la mayoría jóvenes menores de 40 años), sexo (varones) y estatus socioeconómico (taxistas, electricistas o mecánicos), lo que podría indicar un patrón sistemático.

Estamos frente a posibles crímenes de lesa humanidad, por lo que los casos deben ser tratados globalmente como macrocasos para entender no sólo la individualidad de las desapariciones, sino también el sistema y la estructura criminal que las incrementa, a fin de analizar mejor las cadenas de mando, aseveró Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH.

Respecto a las 22 desapariciones en las que participaron autoridades estatales, las organizaciones expusieron que siete víctimas fueron encontradas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, en el norte del puerto de Veracruz, donde se han hallado 305 cráneos y otros 22 mil 500 restos humanos. Sólo 27 individuos han sido identificados.

En tanto, en la colonia Formando Hogar –aproximadamente a 11 kilómetros de la citada fosa– se cometieron actos de desaparición forzada de nueve hombres que fueron detenidos arbitrariamente. Diferentes testigos identificaron a los perpetradores como autoridades de la policía estatal de Veracruz, a veces actuando junto con la Agencia Veracruzana de Investigación y/o autoridades federales, incluidos integrantes de la Marina, indicaron.

Finalmente, agregaron, otras seis víctimas eran hombres jóvenes que fueron desaparecidos en la ciudad de Veracruz por la policía estatal o la ministerial.

Denunciaron que pese a este contexto, la impunidad sigue: no se han realizado investigaciones que profundicen en la existencia del contexto sistemático de los crímenes cometidos.