Aunque la comunidad nahua de Tecoltemi, en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, logró detener los trabajos de una minera canadiense en sus tierras, continúa la lucha por la defensa de los recursos naturales de la zona, pues buena parte del territorio de la Sierra Norte de Puebla sigue concesionado a empresas extractivistas.

Así lo advirtieron los participantes en un conversatorio sobre el tema, organizado ayer en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa-, quienes destacaron que además de la actividad minera, los incendios forestales son una gran amenaza para los bosques de la zona, ante lo cual se han extendido los proyectos comunitarios de cuidado ambiental.

Claudia Paola López, administradora del ejido Cruz de Ocote, ubicado en Ixtacamaxtitlán, recordó que en febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Tecoltemi, por el cual se cancelaron dos concesiones que habían sido otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals, por violar el derecho de la comunidad a la consulta previa y a dar su consentimiento al proyecto.

Aunque celebró que el máximo tribunal del país haya decidido invalidar los permisos de esa compañía, la activista enfatizó que el riesgo no ha desaparecido para los habitantes de la región, pues se calcula que al menos 40 por ciento de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionada.

Durante el foro se presentaron dos documentales sobre los peligros de los megaproyectos mineros, pero también sobre los daños que provocan los incendios forestales en esta misma zona, en la cual se ha documentado que un siniestro de este tipo puede devastar hasta 48 hectáreas en apenas 15 minutos.

En los filmes, se destacó cómo los opositores a la mina en Tecoltemi lograron documentar las irregularidades en la instauración de la empresa, pero también cómo la Secretaría de Economía se convirtió en la férrea defensora de Almaden Minerals, al sostener absurdos jurídicos como que sus actividades no afectaban a los pueblos indígenas por realizarse bajo tierra.

La mayoría de la gente que estaba con la mina era por el desarrollo (económico) que prometían, pero muchos nos opusimos porque es necesario que el gobierno vea que los megaproyectos nos dañan. Es mentira que sin ellos no podamos vivir, pues son proyectos de muerte el impacto ambiental como la contaminación por lixiviados, se queda en el territorio, dijeron los pobladores entrevistados en el documental.