El Congreso de la Ciudad de México se convirtió ayer en el cuarto cuerpo legislativo del país en avalar la reforma constitucional para que las fuerzas armadas continúen realizando tareas de seguridad pública hasta 2028. Antes lo hicieron los congresos de Oaxaca, Campeche y Sinaloa.

La reforma fue aprobada con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Silvia Sánchez Barrios. Entre los priístas que dieron su aval están el presidente del Congreso, Fausto Manuel Zamorano; el líder de la bancada, Ernesto Alarcón, y Tania Larios, cercana al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Durante la discusión los panistas aseguraron que la militarización daña al país y generará más violencia, a lo que morenistas contestaron: Eso se lo hubieran dicho a Calderón, en referencia a la guerra contra los cárteles del narcotráfico declarada en su sexenio, y por la que fue desplegado un alto número de militares en los estados del país.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidió con ese planteamiento al afirmar que la oposición, en particular Acción Nacional, hay mucha hipocresía, pues fue Felipe Calderón el que decidió en lugar de atender la pobreza, hacer una guerra contra el narco, lo que provocó un aumento en los homicidios dolosos de 200 por ciento entre 2006 y 2012.

Además, sacaron (a las calles) a las fuerzas armadas sin ningún sustento legal y ahora hablan de militarización, cuando no tiene nada que ver con militarización, sino, sencillamente, con la protección de la ciudadanía frente a situaciones de inseguridad que fueron provocadas desde entonces.

Señaló que la diferencia es que antes declararon la guerra, con todas sus letras, y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que busca es construir la paz con tres elementos centrales: respeto a los derechos humanos, atención a las causas y cero impunidad.

La mandataria llamó a ser solidarios con otras entidades de la República, cuya seguridad ha dependido de las fuerzas armadas.