Se trata del amparo 442/2020, donde Villarreal Martínez impugna el proceso legislativo del tratado de extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América del 4 de mayo de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979.

La carrera delictiva de Villarreal Martínez comenzó cuando estudiaba en una universidad de Ohio y pudo relacionarse con empresarios de ese país, a quienes convenció de invertir en México, para lo cual gestionó un contrato de más de 3 mil 500 millones de pesos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para 2005 ya manejaba varios fondos de inversión mediante los cuales obtuvo millones de dólares para supuestamente hacer negocios en México, vinculados a la industria del gas y el acero, los cuales resultaron ser inexistentes.

Las investigaciones en las que se sustenta la petición de extradición señalan que entre mayo de 2008 y septiembre de 2013 Villarreal Martínez fue denunciado por varios de sus clientes.

El imputado operó también en nuestro país, donde defraudó a empresarios hoteleros de Tulum, Quintana Roo, por lo que fue detenido, tras lo cual la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) solicitó su extradición.

El caso fue asignado para su estudio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el proyecto de sentencia, que no se ha hecho público, está programado para votarse a finales de este mes en la primera sala de la SCJN.