Yaaj México, agrupación defensora de los derechos de las personas LGBT+, expresó su beneplácito por la aprobación en el Senado del dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, a fin de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como Ecosig (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

Sostuvo que de aprobarse por ambas cámaras México sería el tercer país en América Latina en publicar legislaciones que prohíben los Ecosig a escala nacional, además de proveer un contexto jurídico en materia de salud mental.

Por lo anterior los ojos del mundo están puestos hoy sobre este histórico avance en materia de derechos humanos, esperando que se convierta en un referente internacional, pues diversos organismos internacionales como UNODC México, ONUDH, la Fundación Heinrich Böll y embajadas como la del Reino de los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Australia en México han acompañado esta iniciativa.

La agrupación, de la que alguno de sus integrantes fueron víctimas de los Ecosig, indicó que para los sobrevivientes a estas prácticas que han alzado la voz, haciendo lo personal político, este avance legislativo significa la reparación integral del daño que algún día se les hizo.

Celebró también que algunos políticos dejaran a un lado sus diferencias y se hayan expresado a favor de los derechos humanos en pro de la comunidad LGBT+ en el contexto del Día Internacional de la Salida del Clóset (11 de octubre), prohibiendo en el Senado las terapias de conversión”.

La iniciativa fue presentada en octubre de 2018 por senadoras de Morena, del Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano, gracias a la articulación de Yaaj México y diversas organizaciones de la sociedad civil.

También reconocieron el apoyo que tuvo en el Senado por parte de Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero, Verónica Farjat Camino, Julio Menchaca Salazar y Martha Lucía Mícher Camarena, entre otros.

Yaaj México destacó que “esta ley reafirma la necesidad de dar fin a prácticas sin fundamento científico y que atentan contra los derechos humanos de todas las personas LGBT+ sometidas a Ecosig.