Por unanimidad, el Senado ratificó el Protocolo 2014 relativo al Convenio en Materia de Trabajo Forzoso, instrumento toral para suprimir la trata de personas y toda forma de explotación laboral en México, y lo turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Al presentar el dictamen, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia resaltó que se trata de una esclavitud moderna, que se podrá combatir mejor con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ayer ratificado, ya que aunque México ha logrado grandes avances en materia laboral y de derechos humanos, es uno de los países donde el problema es más profundo.

Resaltó que se calcula que más de 380 mil personas son sometidas a prácticas obligadas de trabajo en el país, que lo coloca en el primer lugar del continente americano en número de víctimas.

El presidente de la Comisión de Trabajo hizo notar que en la nueva era del capitalismo salvaje se han presentado en el mercado laboral nuevas formas de esclavitud, trabajo forzoso y explotación, lo que provoca que cada vez más personas sean obligadas con amenazas a realizar servicios en contra de su voluntad o en condiciones deplorables, ya sea en la modalidad de trabajo infantil, explotación sexual o de migrantes, entre otras.

Tales prácticas son una completa violación a los derechos humanos; además, atentan contra la dignidad de las personas, perpetúan la marginación, la precariedad y, sin duda, son un obstáculo para la construcción del trabajo digno y decente que en este Senado nos hemos esforzado tanto por defender.

El convenio, explicó, fue emitido en 1930 y adoptado el 11 de julio de 2014 en Ginebra, Suiza. Desde entonces ha funcionado como herramienta internacional en materia laboral para que los gobiernos que suscriben este compromiso adopten planes y programas de acción, medidas efectivas para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso”, resaltó Gómez Urrutia.

Según la coordinadora del Partido Encuentro Social, Sasil de León, se estima que en el mundo más de 25 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso, que puede ser impuesto a adultos y niños por igual por autoridades estatales, empresas privadas o individuos. Se encuentra en todos los tipos de actividades económicas, como el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura, la manufactura y la explotación sexual forzada, entre otros.

Los grupos con mayor riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso y trata en México incluyen a niños no acompañados, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo, migrantes desplazados internos, trabajadores del sector informal y menores en territorios controlados por grupos criminales. Más grave aún es que la mayoría de las personas en esta situación son mujeres y, muchas de ellas, niñas y adolescentes.