El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) presentó cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran como presuntos responsables en diversos delitos a Jorge Gurrola García, ex jefe de la unidad jurídica de ese organismo en su delegación del estado de Durango, funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y abogados litigantes, por estar involucrados en el otorgamiento ilegal de 67 pensiones que representan un daño patrimonial al instituto por más de 2 mil 987 millones de pesos.

Las denuncias fueron presentadas el pasado lunes, y en ellas los representantes del Issste señalaron el número de pensiones que el organismo debe pagar debido a que los integrantes de la Unidad Jurídica a cargo de Gurrola García incurrieron en irregularidades, omisiones y colusión con litigantes.

De acuerdo con información obtenida y con base en los escritos presentados, Gurrola García se desempeñó como titular de la unidad jurídica del Issste en la delegación Durango, desde 2015, y fue relevado en 2019.

Durante ese lapso, se presentaron decenas de solicitudes para el pago de aumento de pensión, y entre los argumentos esgrimidos por despachos legales se pedía la inclusión de la llamada compensación garantizada –una prestación que por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe considerarse en el monto pensionario– y la cobertura retroactiva de diversas prestaciones, y para ello se falsificaron documentos, se presentaron las demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje número 42 con sede en Torreón, Coahuila, y ésta las admitió, violando las normas que establecen que los casos debían dirimirse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los despachos legales que asumieron los casos obtuvieron por ello entre 35 y 40 por ciento de los montos ganados, ya que en los 67 casos las demandas se perdieron porque los representantes jurídicos del Issste no presentaron alegatos.

En las denuncias se indica en un primer caso el otorgamiento ilegal de 42 pensiones, lo que generó un impacto financiero por mil 185 millones 994 mil 360 pesos; en otra, la denuncia se formuló por la detección de 16 casos que tuvieron una afectación por mil 131 millones 545 mil 532 pesos; la tercera se refiere a cinco juicios en los que el Issste fue obligado a pagar 581 millones 766 mil 873 pesos, y en la cuarta querella, por cuatro juicios el instituto debió cubrir 88 millones 257 mil 980 pesos.