Aunque hay avances en el plano de la paridad en los niveles estatal y nacional, persisten rezagos en los municipios, así como un bajo nivel de denuncias de casos de violencia política, coincidieron consejeros y magistrados convocados por el Instituto Nacional Electoral.

De 248 personas sancionadas por esa causa, enlistados en el registro nacional correspondiente, 91 son servidores públicos que ocupan un cargo en algún ayuntamiento.

En 1993 se introdujo por primera vez la figura denominada cuotas de género. Las primeras aplicaciones generaron múltiples impugnaciones de las fuerzas políticas que se resistían a otorgar la mitad de las candidaturas a mujeres.

Actualmente ha habido casos sin precedente, por ejemplo en la pasada elección en Aguascalientes, en la que todas las personas contendientes fueron mujeres.

Sin embargo, acotó Héctor Salvador Hernández Gallegos, presidente del tribunal electoral de esa entidad, durante el proceso electoral también hubo un alto nivel de violencia política.

Creímos que no iba existir tanta situación de calumnias; tuvimos alrededor de 79 procedimientos especiales sancionadores de violencia política, donde había difamación, agresiones directas y en las que tuvo que resolver la Sala Superior, señaló.

Durante una mesa de análisis sobre el tema, convocada por el Instituto Nacional Electoral, el magistrado Hernández Gallegos lamentó la prevalencia de la calumnia; no obstante, el lado positivo fue la alta participación de mujeres.

En el acto participaron los magistrados presidentes de las seis entidades que tuvieron elecciones en junio pasado, quienes –con distintos matices– resaltaron avances en la participación de candidatas en los cargos municipales, donde tenían opción de ganar, ya sea a nivel de alcaldía o regidurías, incluidos de otros grupos históricamente vulnerados.

En tanto, otras magistradas dijeron que si bien hoy contamos con un Congreso de la Unión con la integración más paritaria de la historia, la tendencia hacia lo local apunta a la necesidad de fortalecer ese principio, toda vez que sólo 22.1 por ciento de los municipios del país son gobernados por mujeres.