La nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca se emitió el 4 de octubre –unos días después de que dejó el cargo–, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de seguridad aclaró que las indagatorias al ex mandatario estatal iniciaron antes del actual sexenio, en alusión a las afirmaciones del denunciado que ha dicho que se trata de una persecución política en su contra.

Hay una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas. Es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, antes del inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron, expuso.

La defensa legal del ex mandatario panista ha dicho que si se trataba de la orden de captura previa no tendría ya sustento, pero ayer Mejía Berdeja señaló que se trata de una indagatoria distinta.

Por esto, agregó, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja, alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca, y está pendiente de ejecutar, en consecuencia, la orden de ­aprehensión.

Compraventa simulada

La primera denuncia contra el panista fue interpuesta en 2018, por la Unidad de Inteligencia Financiera por el delito de lavado de dinero, al detectar la simulación de compra-venta de un departamento. Con esto un juez de control giró la primera orden de aprehensión en su contra.

En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y, en paralelo, el Congreso estatal promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el 17 de agosto de 2022, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente el ex gobernador contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que ver una declaratoria posterior de parte del Congreso local.

El funcionario federal indicó que aunado a ello, siendo aún gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca interpuso una denuncia penal contra el juez que promovió la primera orden de aprehensión.