El crimen organizado se ha extendido a las áreas forestales y muchas comunidades y ejidos tienen problemas con los grupos delictivos que tratan de controlar estas regiones, los cuales cobran derecho de piso al saber que obtienen recursos por la actividad forestal, en un contexto de un presupuesto federal decreciente y la ausencia de personal gubernamental.

Lo anterior se afirma en el análisis Bosques y comunidades, en el olvido gubernamental, de Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en el cual advierte que el crimen organizado ha llegado a controlar actividades de extracción y venta de los productos forestales, ocasionando el deterioro de los bosques y selvas.

Señala que la ausencia de autoridades es aprovechada por los grupos delictivos que ya se extienden en las zonas de producción forestal en Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Recuerda que desde el sexenio pasado el presupuesto del sector forestal ha ido a la baja, ya que entre 2014 y 2022, los recursos asignados a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) han sufrido una reducción de casi 77 por ciento.

El monto asignado en 2014 fue de 7 mil 600 millones de pesos, mientras el presupuesto ejercido en 2022 fue de 2 mil 400 millones, esta tendencia se mantendrá para 2023, ya que se propone un incremento de 3.8 por ciento respecto a 2022, pero no compensa la inflación de 7.5 por ciento, indica.

Ejemplifica que tan sólo este año la Conafor recibió 7 mil 131 solicitudes de apoyo por un total de 6 mil millones de pesos, pero sólo atendió una tercera parte de las peticiones y asignó recursos para una quinta parte del monto pedido. De esa manera, Conafor apoyó económicamente actividades en 4.8 millones de hectáreas en un universo de 65 millones de hectáreas de bosques y selvas.

El análisis dio a conocer que los recursos también son insuficientes frente a otras amenazas que enfrentan las regiones forestales con el incremento de las plagas e incendios, así como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, las enormes deficiencias en la preparación y ejecución de los programas de manejo.

Detalla que hay 11 millones de personas que residen en 65.7 millones de hectáreas de bosques y selvas, una importante cantidad son indígenas que viven en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo, en condiciones de pobreza.