a semana pasada el paso del huracán Ian por el Caribe dejó en Cuba personas fallecidas y una enorme destrucción material en la infraestructura y la agricultura de la isla así como el desplazamiento de decenas de miles de damnificados; por añadidura, provocó el colapso generalizado del sistema eléctrico, el cual se ha ido restableciendo con una lentitud angustiosa y exasperante.

A la fecha, buena parte de la población permanece volcada en las tareas de remoción de vegetación y escombros y en la liberación de las vías terrestres afectadas.

Entre la escasa ayuda internacional con la que ha contado la nación caribeña debe mencionarse la de nuestro país, que envió cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad y material eléctrico para colaborar en la restauración de la red de energía, así como la de Argentina, que mandó insumos para la potabilización del agua, y pequeñas cantidades de alimentos y medicinas enviadas por cubanos residentes en el exterior. Debe recordarse que las condiciones del sistema eléctrico cubano eran ya críticas, a consecuencia del incendio que consumió uno de los principales depósitos de combustible de la isla, ubicado en Matanzas, un desastre que ocasionó casi dos decenas de muertos y provocó una aguda escasez del insumo principal para las termoeléctricas cubanas.

De acuerdo con trascendidos de prensa, el gobierno de La Habana ha solicitado asistencia a Washington, el cual se encontraba evaluando la situación, aunque el único dato firme al respecto es que ha tenido lugar un intercambio de información entre los dos países.

La persistente falta de fluido eléctrico, que hace aún más penosa la situación en diversas provincias de la isla, ha provocado protestas de diversa magnitud.

En tales circunstancias, los sectores más radicales de la comunidad cubana en Estados Unidos, representados por los legisladores extremistas Marco Rubio y María Elvira Salazar, han buscado aprovechar la tragedia que vive su país de origen para desestabilizarlo y culpar de lo ocurrido a las autoridades nacionales.

Tales políticos no solamente han solicitado a la Casa Blanca que se oponga a enviar ayuda a Cuba sino que han buscado azuzar el malestar ciudadano con la finalidad de provocar una insurrección.

En este contexto, el gobierno de Joe Biden debe suspender por elemental humanidad el bloqueo que su Estados Unidos mantiene contra la nación caribeña desde hace seis décadas a fin de atenuar las durísimas condiciones en las que la isla ha empezado las tareas de reconstrucción.

Es necesario, asimismo, que los gobiernos latinoamericanos coordinen por medio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe acciones extraordinarias para acudir en apoyo de un pueblo hermano que no ha vacilado en asistir a otros países en situaciones de emergencia y que hoy, en las circunstancias más desfavorables, se mantiene indómito.