Para romper la llamada familia judicial, como se conoce a las redes de complicidad en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que facilitaba actos de nepotismo como contratación de familiares y amigos en juzgados y tribunales, de enero de 2019 a agosto de 2022 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó 186 cambios de adscripción de jueces y magistrados; sancionó a 38 impartidores de justicia y funcionarios de diversos niveles, modificó las políticas de contratación, dejó atrás los ingresos por recomendación y estableció mecanismos de concurso para cada plaza.

Información del PJF a la que La Jornada tuvo acceso refiere que en el periodo mencionado, de acuerdo con la nueva política de adscripción y de prevención, combate y eliminación de nepotismo, 11 de cada 100 juzgadores, entre magistrados y jueces, fueron readscritos.

En el PJF existen mil 625 plazas para impartidores de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó todos los más de 40 movimientos que fueron objeto de impugnación, principalmente casos de jueces y magistrados.

El nepotismo, considerado un acto de corrupción, generó sanciones para 38 servidores públicos. Diez de ellos fueron magistrados, una magistrada, cuatro jueces de distrito, una jueza y 22 subalternos.

En cuanto a las sanciones impuestas, ocho magistrados fueron destituidos, dos suspendidos, una magistrada suspendida, dos jueces de distrito destituidos, dos más suspendidos y una jueza recibió una amonestación pública.

Entre los casos más relevantes, que impactaron a colaboradores de jueces y magistrados, fueron destituidos cuatro secretarios de tribunal, una secretaria de tribunal, cinco secretarios de juzgado y una secretaria particular de juzgado.

La ruta del favoritismo

La carrera judicial se articula con oficiales judiciales en la base, y de ahí se sube a actuaria o actuario, a secretaria o secretario y, eventualmente, a titular (ya sea juez o jueza de distrito, magistrado o magistrada de circuito).

La entrada a estos cargos ocurría, según la información consultada, por contratación libre de oficiales, el ingreso de quienes ejercerían como actuarios o secretarios mediante acreditación de cursos previos o exámenes de aptitud. Pero, con una excepción que se convirtió en la regla, todos se contrataban libremente y después se buscaba que pasaran un examen, de modo que se les daban oportunidades hasta que ello ocurriera.

Asimismo, en los concursos para impartidor de justicia se establecían esquemas que solían inhibir la participación de mujeres. “En este contexto, la contratación de quienes tuvieran parientes en el PJF no tenía reglas ni impedimentos, no se controlaba y mucho menos se medía. En la práctica, lo que ocurría es que los cargos de oficial, actuaria y secretaria solían otorgarse a gente ‘conocida’, que típicamente eran quienes tenían parientes en la institución y por eso gozaban de buenas recomendaciones”, indicaron las fuentes consultadas.

En la actualidad, por decisión del CJF, todas las plazas requieren participación en concursos y los oficiales, actuarías y los cargos de secretarias y secretarios se eligen de listas integradas por quienes acrediten un examen, sin excepciones. Y la elección se hace de entre las mejores calificaciones, cuidando la paridad de género. Con esto se elimina el elemento subjetivo en la designación y el único criterio es la lista.

Por hostigamiento y acoso sexual el CJF ha sancionado a 14 personas, tres magistrados, cinco jueces de distrito, un secretario en funciones de juez de distrito, dos secretarios, un actuario y dos oficiales de mantenimiento.