o hay espacio para disimular. El caso Ayotzinapa es el punto nodal del sexenio de AMLO, pero es, sobre todo, la piedra de toque del estado de salud del sistema de justicia en México. ¡Cien mil desaparecidos los contemplan!
En medio de la polarización en torno al papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, este caso ilustra lo estratégico que implica establecer los límites dentro de los cuales deben actuar las fuerzas armadas en este terreno.
La Comisión de la Verdad. El 18 de agosto el subsecretario de Gobernación y responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó un informe en dos partes. Una, los antecedentes, el contexto y las personas involucradas en las desapariciones de los estudiantes y los hechos posteriores. La segunda parte detalla los mecanismos de encubrimiento de esos crímenes, realizados por distintas autoridades gubernamentales. El aspecto central que revela este informe es el contubernio entre agentes del Estado mexicano y el grupo delictivo Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, y el posterior intento de encubrimiento.
Sabotear la investigación. Desde días antes de la presentación del informe de la Covaj, la Fiscalía General comenzó a intervenir en el caso saltándose a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. Primero emitió 82 órdenes de aprehensión, después presionó para que se emitiera la orden de aprehensión contra el ex procurador Murillo Karam y la emitió directamente a través del área de Asuntos Internos de la propia fiscalía. Días antes había despojado a la fiscal especial de su personal policial de campo. También en agosto, la FGR inició una auditoría interna contra la unidad. Finalmente, la Fiscalía General se desistió en 21 de las 83 órdenes de aprehensión. Aquí no se trata de preguntar cómo se llama la obra, sino quién es el titiritero que mueve los hilos.
Sembrar duda, generar caos. Los intereses que han sido afectados con los resultados de las investigaciones de la Comisión de la Verdad buscan lograr varios propósitos: desacreditar el informe de la comisión, presionar al fiscal especial, Omar Gómez Trejo, de tal forma que hace unos días presentó su renuncia. El propósito central es garantizar impunidad a varios de los más conspicuos involucrados en estos crímenes.
Sobre las Fuerzas Armadas. Aquí se prefigura un profundo dilema para el actual régimen. Dadas las debilidades de la seguridad pública se requieren de las fuerzas armadas al tiempo que se debate su encuadramiento. El camino más sólido, porque puede conducir a un acuerdo de amplio espectro, es la vía del Congreso, a partir de fechar la prórroga de la participación militar en tareas de seguridad; obligar a rendir cuentas a las Fuerzas Armadas, y establecer una estrategia ante el crimen, priorizando la profesionalización de las policías civiles. Esta vía podría llevar a un acuerdo federal como los gobiernos estatales.
El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la filtración del informe de la Comisión de la Verdad, erosionan aún más la confianza entre ciudadanos y gobiernos, y entre ciudadanos entre sí.
Cuál justicia. Tanto el caso Iguala como el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, desvelan el nudo central que determinará el futuro de la democracia en nuestro país. Mientras se debaten temas cruciales relacionados con los procesos electorales, la política económica o la desigualdad, se ha subestimado dimensionar el colapso del sistema de justicia en lo que se refiere a jueces, ministerios públicos y fiscalías. Para entender mejores los retos que enfrentamos quisiera contextualizarlo, en mis próximas entregas, a partir de la caracterización del régimen actual como un ensayo de democracia plebiscitaria.
Por cierto, 2 de octubre no se olvida. Suerte a Lula y a Brasil.
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