La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, afirmó que hay suficiente consenso para aprobar la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para elevar a rango constitucional los programas Bienestar para Niñas y Niños –que otorga apoyos a menores y adolescentes inscritos en centros educativos públicos de nivel básico– y La Escuela es Nuestra –para acciones de dignificación en esos inmuebles–.

Tras una reunión que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Legislativo sostuvieron con el secretario de Gobierno, Martí Batres, Ávila estimó que el dictamen correspondiente podría 2 listo para su aprobación en noviembre, aunque admitió que hay oposición del PAN, y una de las comisiones dictaminadoras, la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, es presidida por el diputado del blanquiazul Diego Orlando Garrido.

Agregó que en dicho encuentro Batres expuso temas de la agenda legislativa que son de interés para el gobierno de la ciudad, como las reformas en materia de bienestar social y de amnistía, esta última por lo que dispone el régimen transitorio de la ley en la materia aprobada por el Legislativo federal en 2020, a efecto de que los congresos de las entidades federativas expidan su norma para los delitos previstos en las leyes locales similares a los que se perdonarían en la federal.

En el caso de la reforma constitucional, explicó que con votos del PRI y PRD podrían tener la mayoría calificada requerida de al menos las dos terceras partes del pleno, o sea 44 votos.

El presidente de la Comisión de Educación, Jesús Martín del Campo, de Morena, codictaminadora de la iniciativa, recordó que aun cuando el PAN promovió una similar en la que se suprimen las denominaciones de Bienestar para Niñas y Niños y La Escuela es Nuestra, planteadas en el proyecto de la titular del Ejecutivo, no ha mostrado la mínima intención de que se dictamine.

Recordó que el sol azteca presentó otra para que los apoyos se otorguen también a alumnos inscritos en escuelas privadas. Consideró que ambas iniciativas promovidas por la oposición buscan dilatar y entorpecer el proceso de aprobación.