La autoridad electoral deberá indagar a fondo si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió infracciones por la divulgación de videos relacionados con presuntos delitos del dirigente partidista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

La decisión se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, que había de-sechado las denuncias del tricolor, con el argumento de que había un amparo en curso para impedir la divulgación de los materiales en los que se le mencionaba como posible responsable de delitos electorales.

Moreno y el tricolor presentaron una queja contra la gobernadora de Campeche, el director general del Sistema de Radio y Televisión de ese estado y Morena por las expresiones difundidas en diversas emisiones del programa Martes del Jaguar. Denunciaron calumnia, promoción personalizada, promoción electoral, vulneración del interés superior de la niñez, violencia política de género y falta del deber de cuidado.

La sala superior ordenó a la unidad técnica admitir la denuncia para que se investigue si las expresiones denunciadas buscaron calumniar a distintos miembros del PRI, incluido su presidente nacional, a fin de influir en los procesos electorales de este año, sobre todo porque, para poder llegar a esa conclusión, es necesario que se haga el pronunciamiento de fondo.

En otro asunto, el TEPJF determinó que el presidente y el secretario de administración de la entonces Fuerza por México utilizaron recursos sin autorización del interventor del finiquito de ese partido, por lo que deben devolver el monto (se habló extraoficialmente de 33 millones), y el interventor procederá legalmente como corresponde.