La renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, debido a las visibles contradicciones entre la instancia y la Fiscalía General de la República (FGR), pone en riesgo los avances logrados en las indagatorias, que amenazan con retrasar aún más el acceso a la justicia, expuso ayer Amnistía Internacional México.

Además, subrayó que las acusaciones en contra de elementos castrenses, señaladas por su probable participación de elementos militares en la desaparición de los estudiantes, refuerzan las preocupaciones en torno a la política de militarización de la seguridad en el país.

Por medio de un comunicado, la organización sostuvo que la salida del fiscal de la unidad especial, Gómez Trejo, después de difundirse el desestimiento por parte de la FGR de 21 órdenes de aprehensión solicitadas en el marco de éste caso, y de las cuales 16 eran en contra de militares, podría generar retrasos en el caso.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó que los problemas surgidos dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general.

En tanto que las graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades deben resolverse para evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para el país.

No podemos tolerar más retrasos en la investigación. El Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar la autonomía e independencia del trabajo de la unidad especial, así como asegurar que contará con los recursos tanto humanos como materiales necesarios, agregó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.