Un total de 19 institutos electorales estatales han solicitado ampliaciones presupuestales para intentar paliar su endeble situación financiera, pero las autoridades locales rechazaron seis peticiones, lo que afecta no sólo su operación, sino también, en algunos casos, el financiamiento público a los partidos políticos.

Algunos de estos organismos públicos locales electorales (Ople), han acudido a tribunales para tratar de revertir las decisiones de las autoridades legislativas, pero la mayoría de las veces no hay respuesta satisfactoria o expedita.

Con información al pasado 20 de septiembre, seis Oples han presentado impugnaciones contra los decretos legislativos o determinaciones de las autoridades competentes. Estas entidades son Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos, Quintana Roo y Durango, indica el más reciente informe del Instituto Nacional Electoral (INE) que mañana se hará del conocimiento del consejo general del organismo.

Ese reporte advierte del alto riesgo financiero en que se encuentran los Oples de Coahuila (con elección en 2023), Durango, Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit.

Coahuila entró recientemente a esa clasificación no deseable. La presidencia del Ople informó que el gobierno del estado no ha continuado con la entrega de las ministraciones relacionadas con la ampliación presupuestal solicitada para atender la preparación del proceso electoral venidero, ya que de los 36 millones solicitados, únicamente se han entregado 7.2, detalló el INE.

Advierte que esta carencia de recursos afecta a diversas actividades del proceso electoral que inicia en enero entrante, como la búsqueda y contratación de inmuebles donde deberán operar los 54 comités, adquisición de equipo de cómputo y contratación de servicios para el programa de resultados electorales preliminares, entre otros.

El Ople de Colima, como se ha difundido, enfrenta una crisis sin precedente, sin recursos para operar, y hasta ahora no ha recibido la solicitada ampliación presupuestal. En añadidura, por el sismo del 19 de septiembre, decidió suspender labores y plazos inherentes a su función hasta obtener el dictamen del estado físico de su sede.

Igualmente, en el reporte nacional abundan los números rojos, color adjudicado a los recortes presupuestales que producen déficit de hasta 65 por ciento, como en Colima.